“La sucesión priista”


lA SUCESIÓN PRIISTA

Por Alejandro Strozzi Espinoza*

Colaboración especial

El PRI sufrió una derrota electoral contundente en los comicios del año pasado. Su candidato presidencial terminó en tercer lugar y perdió muchísimos escaños en el Congreso. Los malos resultados también se extendieron a nivel local.

El descalabro dejó al partido sin un futuro claro. Claudia Ruiz Massieu tomó las riendas del partido, con Arturo Zamora como su secretario general. Mientras tanto, Osorio Chong se convirtió en el coordinador de la banca en el senado, mientras que René Juárez hizo lo propio con la cámara de diputados.

A principios del año fue publicado un reporte sobre las causas internas del fracaso electoral del 2018. Este enfatizó el desplazamiento de los militantes del partido, que sufrieron la estrategia de colocar a un no militante como candidato presidencial. Otra causa señalada fue el defectuoso método de selección de candidatos, que no permitía procesos justos o que culminarán en la selección del candidato más adecuado.

Ante el éxito de MORENA, todos los partidos de oposición han seguido la misma lógica: votar con el presidente en lo que concuerdan y conseguir modificaciones en la medida de lo posible, mientras que protestan verbalmente todo aquello a lo que se oponen.

En septiembre de este año el PRI renovará a su presidente y a su secretario general. La campaña probablemente versará alrededor de una fecha muy importante, los comicios del 2021. Se renovará el congreso, así como varias gubernaturas. Los comicios que se llevarán a cabo en ese inter no podrán cambiar mucho la composición política del país.

Ernesto Zedillo decidió no nombrar por su cuenta al candidato presidencial del 2000, dando lugar a un proceso de decisión democrática dentro del partido. Sin embargo, los conflictos internos debilitaron al partido durante la campaña. En el 2006 también hubo un proceso democrático que también implicó un PRI debilitado. Fue en el 2012 que un gobernador, Enrique Peña Nieto, logró unificar al partido en una sola candidatura fuerte que obtuvo la presidencia.

En ese sentido, cabe destacar que el nuevo presidente del partido será elegido a partir del voto directo e individual de cada militante en el padrón. ¿Podría un presidente elegido por sólo una mayoría relativa de los militantes controlar las riendas de un partido que muestra la polivalencia de la coordinación o el conflicto?

De los seis integrantes que han expresado su intención de contender, hay tres que merecen atención particular por ser lo que tienen posibilidades serias de triunfo: José Narro, ex rector de la UNAM y secretario de salud de Peña Nieto es el candidato al que se la asignado la etiqueta del continuismo; Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, es el más cercano al gobierno de López Obrador y ha conseguido el apoyo de varios gobernadores; Ivonne Ortega, ex gobernadora de Chiapas, que ha articulado sus intenciones alrededor de la idea de poder coordinar los distintos cotos de poder, como las gubernaturas y el congreso.

Todos coinciden en la necesidad de “escuchar a la militancia” y de no reservar las decisiones a los puestos más altos del partido. Sin embargo, no parece haber un camino sencillo para evitar que no reine la falta de coordinación o que los conflictos internos no aquejen el proceso interno del partido para las elecciones de 2021.

  • Es alumno de la Licenciatura en Gestión Pública del Iteso

 

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“El sistema de partidos mexicano”


partidos-politicos.jpg

Por Jordi Alexandro Torres Vera*

Colaboración especial

 

En este análisis responderé dos preguntas concretas: ¿Actualmente qué tipo de sistema de partidos tenemos en México? Y ¿Cuáles son los posibles escenarios para las elecciones del 2021?

Antes de analizar concretamente el caso mexicano, primero tengo que especificar las reglas con las cuáles contaré a los partidos políticos que, en mi opinión, verdaderamente cuentan. Para cumplir con este propósito, utilizaré los criterios de relevancia planteados por Sartori (2003/1976, p. 155): “…podemos dejar de contar a los partidos que no tienen posibilidades de coalición ni posibilidades de chantaje”.

Ahora que ya he dejado en claro el método que voy a utilizar para contar, lo siguiente que tengo que revisar es la composición actual de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión[1]:

legislatura

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta integración, puedo deducir que el partido conocido como Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), es el que tiene mayor fuerza parlamentaria (258 curules). Hecho que le proporciona una mayoría absoluta[2] sin la necesidad de buscar una coalición.

El siguiente paso que llevaré a cabo, involucra la revisión de las composiciones históricas de la Cámara de Diputados desde la Sexagésima Legislatura hasta la Sexagésima Tercera Legislatura[3]. La finalidad de examinarlas consiste en identificar a los otros partidos que también deben de ser contados.

Lo primero que se puede observar, es que desde el 2006 hasta el 2012 existieron tres partidos principales:

  1. Partido Acción Nacional (PAN): siempre conto con más de 100 escaños en cada una de las legislaturas y logró conseguir una mayoría relativa en el 2006 (206 diputados).
  2. Partido Revolucionario Institucional (PRI): tanto en el 2009 como en el 2012 obtuvo mayorías relativas[4] y en su momento más débil (2006) aún siguió teniendo más de 100 escaños.
  3. Partido de la Revolución Democrática (PRD): en dos ocasiones tuvo más de 100 diputados (2006 y 2012) y en su momento más crítico logró conseguir 63 curules (2009).

El segundo punto que abarcaré, es que en la Sexagésima Tercera Legislatura –es decir, durante el periodo 2015-2018–, los partidos con mayor fuerza parlamentaria fueron el PRI   (con 202 escaños) y el PAN (que contaba con 107 diputados). Situación que extendió, durante tres años más, la importancia de ambos partidos. No obstante, si ahora retomamos la integración actual de la cámara baja, nos daremos cuenta de que las fuerzas políticas del PRI y del PAN están bastante débiles.

A pesar de que lo anterior es cierto, es fundamental aclarar que, por lo pronto, este evento único aún no nos permite denominar a nuestro sistema de partidos bajo la tipología de partido predominante. Este razonamiento se encuentra fundamentando en la definición que Pasquino les otorga a éstos sistemas (2014/1997, p. 181 [el subrayado es mío]):

[…] los sistemas de partido predominante… son sistemas en los que existe un partido que, en una larga serie de elecciones libres y competitivas, obtiene de manera regular un número muy consistente de escaños, aunque no siempre y no necesariamente la mayoría absoluta, pero sí de todas formas la cantidad suficiente para permitirle gobernar por sí solo.

Lo tercero que debó de señalar, es que en el 2015 la fuerza política que tenía el PRD fue alterada y dividida. El causante de esta modificación fue MORENA, partido que en ese año entró en el juego político-electoral. Cabe destacar que este aspecto se repitió y repotenció en las elecciones del 2018, provocando que, en la actualidad, el PRD ya no cuente como un partido relevante.

Por todo lo anterior expuesto, puedo concluir que en México seguimos teniendo un sistema de partidos de pluralismo moderado, integrado por los partidos políticos conocidos como MORENA, PAN y PRI.

Por último, el pronóstico que yo hago a partir de los indicios que tenemos en el presente, consiste en que nuestro sistema de partidos seguirá siendo pluralista moderado.  Sin embargo, si Felipe Calderón y Margarita Zavala consolidan la búsqueda de su partido político y lo dotan de una estructura fuerte, a partir de ese momento contaremos con cuatro partidos relevantes. Situación que, como le pasó al PRD en el 2015, provocaría que la fuerza parlamentaria del PAN se fraccione y, por consecuencia, existan mayores posibilidades para que nuestro sistema de partidos se transforme en uno de partido predominante para las elecciones del 2024. Un indicio de esta hipótesis, es el hecho de que en la actualidad no hay una oposición fuerte y organizada para contrarrestar la mayoría absoluta con la que cuenta MORENA. Al parecer los partidos opositores, aún no se dan cuenta que necesitan sumar fuerzas para detener o contrarrestar el poder de Andrés Manuel López Obrador y su partido.

*Es estudiante de la Licenciatura en Gestión Pública del Iteso

 

Referencias:

Honorable Cámara de Diputados (2006 – 2018). Servicio de información para la Estadística Parlamentaria. México. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/sistema_legislativo.html

Honorable Cámara de Diputados (2019). Integrantes de la LXIV Legislatura. Ciudad de México, México. Recuperado de: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/info_diputados.php

Pasquino, G. (2014). Nuevo curso de ciencia política. D.F., México: Fondo de Cultura Económica (año de publicación del libro original; 1997).

Sartori, G. (2003). Partidos y sistemas de partidos. Madrid, España: Alianza Editorial (año de publicación del libro original; 1976).

Sistema de Información Legislativa (s.f.). Mayoría absoluta. México. Recuperado de: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=151

 

 

 

[1] “…muchas veces basta, en los sistemas bicamerales, con remitirse a los escaños en la Cámara Baja, siempre que en la otra Cámara las mayorías no sean diferentes” (Sartori, 2003/1976, p. 154). Situación que se cumple en el caso mexicano (para más información revisar: http://www.senado.gob.mx/64/senadores/por_grupo_parlamentario).

[2] “Porcentaje de votación correspondiente a la mitad más uno de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión al momento de tomar una decisión o realizar una votación” (SIL, s.f.).

[3] Estas fueron revisadas en: http://www.diputados.gob.mx/sistema_legislativo.html

[4] 242 y 212 curules, respectivamente.

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“Rescatando la independencia judicial”


SCJ México

Por  Daniel Sebastián Vizcaíno Vargas*

Colaboración especial

 

El pasado 12 de marzo de 2019, el Pleno del Senado de la República aprobó, en segunda votación, a Yasmín Esquivel Mossa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto sucedió después de que ninguna de las tres candidatas que envió el Ejecutivo alcanzara los votos necesarios para ser nombradas. La polémica, sin embargo, se desató por el posible conflicto de intereses y el peligro de poner en duda la independencia judicial que supone la elección de una ministra tan cercana al presidente. Esquivel ha llamado la atención no solo por sus posturas regresivas en materia de derechos humanos, sino también por sus presuntos nexos partidistas y su matrimonio con el empresario José María Rioboó, considerado uno de los contratistas y consultores favoritos de Andrés Manuel.

Ante este clima de complicidad presidencial, surge un debate importante en cuanto al nombramiento de los ministros de la SCJN. En esencia, no existen mecanismos constitucionales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico que puedan contrarrestar esta tendencia, pues al final del día es el mandatario de turno quien decide quién ocupará el cargo. El problema está en la misma ley que regula este proceso; pues, aunque el senado interviene con su votación, en caso de rechazar la terna, o no alcanzar el umbral mínimo de aprobación, la decisión pasa automáticamente a manos del Ejecutivo. Es claro entonces que nuestro sistema de selección de jueces está sujeto a consideración del órgano presidencial.

Ahora bien, en el derecho comparado, hay dos grandes sistemas de nombramiento de jueces: el sistema político a cargo del poder ejecutivo, del parlamento o de ambos y el sistema profesional a cargo de un consejo de la magistratura o de la judicatura, con rango constitucional y autónomo de los tres tradicionales poderes del Estado. Estas opciones amplían la discusión y permiten la apertura hacia procesos de selección más democráticos, profesionales y congruentes con la separación de poderes que tanto le urge a nuestro país. Para evidenciar las posibilidades de construir marcos institucionales de esta naturaleza, es útil remarcar algunas experiencias latinoamericanas:

  1. URUGUAY: los ministros son nombrados por la Asamblea General, mediante la aprobación de ⅔ partes del pleno. Si pasados 90 días de la publicación de la vacante no hay sucesor, queda designado el ministro de los Tribunales de Apelaciones con más antigüedad en el cargo; y si hay empate en esta antigüedad, se decidirá por antigüedad en la carrera judicial en la judicatura.
  2. CHILE: La Corte presenta una quina (5 candidatos) al presidente para que el escoja a uno que deberá comparecer y ser aprobado por el Senado -mediante el voto a favor de ⅔ partes.
  3. PERÚ: Cooptación a través de la Junta Nacional de Justicia.

 

Si apuntamos a adoptar un sistema como el uruguayo o el chileno -que incluyen en el proceso de selección al legislativo y/o al ejecutivo-, saltarán dos escenarios posibles: Primero, por la mayoría parlamentaria que ha alcanzado el partido en el poder, se vuelve improbable que la decisión no siga estando en sus manos. Más aún si conocemos la praxis política que ha venido manejando MORENA, donde ninguna decisión se escapa de ser consultada con el líder del partido, y que para colmo hoy es presidente. No se ve por tanto una posibilidad de real de que el parlamento escoja a un candidato que pueda ser independiente al presidente. Segundo, se trataría de una malinterpretación de la naturaleza del poder judicial en términos estrictos. Esto es: los órganos judiciales no son representativos. Por tanto, someter el nombramiento de sus miembros a consideración de autoridades que sí fueron elegidos mediante el voto popular y que ejercen una suerte de labor representativa, sería no entender el origen del poder judicial y su distinción con los demás poderes.

Pero si, por el otro lado, apostamos por mecanismos de captación dentro de la misma SCJN -como en el Perú-, estaríamos frente a un reconocimiento institucional de la independencia judicial; así como daríamos paso a consolidar un proceso de selección colegiado, autónomo, profesional y, esencialmente, especializado en la impartición de justicia. La independencia judicial es, sin duda, un pilar fundamental de las democracias modernas. Frente a las debacles políticas, el Judicial se presenta como el último defensor de la Constitución, y aún más: se trata del último que puede asegurar la supervivencia del Estado si los otros poderes fallan o se vuelven tiranos.

  • Es alumno de la Licenciatura en Gestión Pública del Iteso
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Integración: ¿Por qué Europa sí y América Latina no?


La integración fallida

 

Ayer se presentó el libro “Dimensiones, estrategias y alternativas de la integración autónoma para América Latina y el Caribe”, un gigantesco esfuerzo editorial de cuatro tomos, más de 1200 páginas y casi 40 autores, coordinado por el Dr. Jaime Preciado.

Durante la velada, una certeza y una incertidumbre se apropiaron de las intervenciones de los presentadores y del público en general. La certeza tiene que ver con el pésimo momento que atraviesa la integración latinoamericana, luego del ascenso al poder de gobiernos de derecha en la mayoría de sus países. Estructuras de integración como CELAC, UNASUR, GRUPO ANDINO, ALBA, están paralizadas o sencillamente están siendo desmontadas, a favor de la proximidad con Estados Unidos y el abrazo de la doctrina Monroe y el Panamericanismo, viejos fantasmas que se creían extinguidos.

La incertidumbre, en cambio, tiene que ver con la pregunta planteada por un expositor de por qué Europa, pese a las dificultades, ha avanzado en el proceso de integración, mientras el mismo se debilita en América Latina y el Caribe.

No recuerdo que en  el evento se respondiera esa cuestión. Más bien, la incógnita, el enigma, quedó allí, indescifrable y retador.

Me parece que en el propio paralelismo que estableció el ponente entre Europa y América Latina pueden encontrarse las respuestas. No es una causa, sino varias.

La integración europea tuvo por pilar un acuerdo entre sus países con respecto a la producción del carbón y el acero. Ese fue el punto de partida que luego se extendió gradualmente hacia otras áreas. En América Latina y el Caribe no ha existido y no ha sido identificado el pilar económico de partida de una eventual integración.

La integración europea es resultado del propósito consciente de sus líderes de evitar una nueva confrontación bélica que involucre a la mayoría de los estados de la región. En América Latina jamás tuvimos una experiencia “fundadora” de ese tipo. El continente no ha sido epicentro de dos guerras mundiales, ni de enfrentamiento bélico generalizado entre sus países, por lo que carecemos de ese incentivo “especial” que tienen los europeos.

La integración europea no le ha jugado en contra la presencia de una superpotencia con capacidad de sabotear los propósitos integracionistas. En América Latina sí, aquí hay que lidiar con la activa oposición de Estados Unidos a la consumación de ese proyecto.

Los líderes latinoamericanos que entre 2000 y 2015 lideraron los esfuerzos de integración latinoamericana pecaron de ingenuidad. Jamás consideraron que las circunstancias en que se desenvolvían eran coyunturales y que ellos mismos podían ser barridos o removidos por otras fuerzas y procesos. Como consecuencia, los tiempos de la integración fueron lentos y no se preocuparon por crear mecanismos que contribuyeran a blindar la integración una vez llegadas las condiciones adversas.

La integración europea tiene como motores a dos países económicamente potentes y estables como son Alemania y Francia. Ambos países resultan clave para impulsar el proceso y enfrentar las adversidades. En América Latina y el Caribe, no existen países que podrían jugar ese importante rol. Brasil, el mayor candidato, cíclicamente se hunde en fortísimas crisis internas. México está absorbido por su relación con Estados Unidos y Canadá. Argentina es tan inestable como Brasil. Venezuela y Cuba, con regímenes políticos dictatoriales, de ninguna manera pueden ser epicentros de un movimiento integrador, pues un movimiento hacia la independencia no tiene futuro si es encabezado por quienes hacia el interior de sus países imponen reglas de juego basadas en el ordeno y mando y la represión de otras preferencias políticas.

Por último, la integración europea ha sido impulsada también por el temor a la supuesta amenaza rusa. Una Europa unida es capaz de poder enfrentar cualquier reto bélico que venga desde el Este. El miedo ha actuado allí como un catalizador adicional de la unión. En cambio, en América Latina, ese factor no tiene la claridad debida. Estados Unidos que por su historial de intervenciones en la región y de dominio en las decisiones políticas de los países latinoamericanos pudiera muy bien “desempeñar” ese rol, la realidad es que no es visto como una amenaza por una parte importante del liderazgo continental. Si bien, la izquierda no alberga dudas acerca de la amenaza que representa Estados Unidos con respecto al propósito de tener una América Latina integrada e independiente, la derecha no comparte, en absoluto, esa visión. Al contrario, Estados Unidos, es un benefactor, un aliado, incluso u padre protector con el que conviene tener las mejores relaciones, aunque las mismas sean relaciones de dominación.

La integración ha demostrado ser un proceso complejo y zigzagueante que atraviesa por innumerables etapas. Para América Latina, la actual, es una etapa de aprendizaje.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 9 de mayo de 2019

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“Certezas de la Incertidumbre”: El futuro de Futuro


Jordi Colaboración especial de Jordi Alexandro Torres Veras*

      Futuro

 

El pasado 3 de marzo de 2019 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), avaló diez de las 17 solicitudes que presentaron diversas organizaciones ciudadanas para convertirse en partidos políticos locales. Entre los trámites autorizados se encuentra el de la asociación civil conocida como Somos un Bosque, que busca transformar a Wikipolítica Jalisco en un partido político denominado como Futuro.

Así pues, podemos deducir que el proyecto aún es viable. Sin embargo, aún quedan dos cuestiones fundamentales por resolver: ¿Qué otros requisitos deben de cumplirse para formalizar la creación del partido? y ¿Qué nos traerá el porvenir de Futuro?

Comencemos con las condiciones que por ley aún deben de cumplir:

  1. Celebrar asambleas en 84 de los 125 municipios del Estado, o bien, en por lo menos 14 de los 20 distritos electorales.
  2. Presentar su declaración de principios, su programa de acción y sus estatutos.
  3. Tener como mínimo un 0.26% de afiliados que estén registrados en el padrón electoral de Jalisco.

Todo lo anterior demuestra que todavía queda un largo camino por recorrer, pero si somos optimistas debemos de reconocer que ninguna de las cláusulas es irrealizable. Claro que la consolidación será ardua y exigente, aunque en anteriores ocasiones los integrantes de esta organización han demostrado que son capaces de conseguir empresas laboriosas –un ejemplo de ello es cuando recolectaron 135 mil firmas para hacer posible la candidatura al Senado de la República de Pedro Kumamoto–. Cabe mencionar que con base en la capacidad de convencimiento que tienen los miembros de esta asociación –argumento que se fundamenta en la cantidad de firmas y de votos que han sido capaces de reunir en los dos procesos electorales pasados–, es muy probable que consigan afiliar al partido, al menos, a 15,559 ciudadanos. Cumpliendo así con el requisito anteriormente mencionado.

Por otra parte, para el porvenir del partido diviso cuatro escenarios posibles:

  1. El deseable o utópico: Futuro se consolida como un partido político con una estructura firme y con la facultad de tener presencia política en todo el territorio de Jalisco. Asimismo, se establece una declaración de principios reales que se cumplen cotidianamente por todos o la mayoría de sus integrantes.
  2. El mutilado: Futuro proclama un extenso catálogo de principios y valores, pero su estructura partidista es débil o inexistente. Este hecho produce que el partido tenga una presencia efectiva sólo a nivel metropolitano y que su capacidad política sea mínima.
  3. El tradicional: Futuro cuenta con una estructura extremadamente sólida y que le asegura un poder político a lo largo y ancho de toda nuestra entidad federativa. No obstante, los intereses que persiguen sus miembros son más privados que públicos, por lo que su declaración de principios es meramente nominal.
  4. El naufragado: Futuro se va a pique por no contar con alguna estructura y por no establecer fundamentos normativos.

 

Referencias:

El IEPC “palomea” 10 organizaciones que aspiran a ser partidos políticos (3 de marzo de 2019). El Informador. Recuperado de: https://www.informador.mx/jalisco/El-IEPC-palomea-10-organizaciones-que-aspiran-a-ser-partidos-politicos-20190303-0007.html

Como Kumamoto, otros 16 buscan formar partido (2 de febrero de 2019). El Informador. Recuperado de https://www.informador.mx/jalisco/Como-Kumamoto-otros-16-buscan-formar-partido-20190202-0009.html

 

Partida, Juan Carlos (4 de febrero de 2019). En Jalisco, 17 organizaciones quieren ser partido político. La Jornada. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/04/en-jalisco-17-organizaciones-quieren-ser-partido-politico-3462.html

Pérez Vega, Ignacio (21 de enero de 2018). Kumamoto agradeció a 2 mil 600 voluntarios por reunir 135 mil firmas para ser candidato al Senado. Canal 44. Recuperado de http://udgtv.com/noticias/jalisco/kumamoto-agradecio-2-mil-600-voluntarios-reunir-135-mil-firmas-candidato-al-senado/

  • Actualmente es estudiante del Iteso.

 

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“Certezas de la Incertidumbre”: Bosque o Arena


 

Colaboración especial de Valeria F. Espinoza Hernández* 

Valeria     La barranca

Las zonas próximas al área natural protegida de la Barranca de Huentitán, han sido acechadas por los megaproyectos desde hace mucho tiempo. La Barranca es un lugar simbólico para la comunidad tapatía, además de un corredor biogeográfico que alberga diversos tipos de vegetación (algunos endémicos) y de fauna. Recientemente se licitó para que el área de Huentitán el Bajo sea sede de la Arena Guadalajara, justo en el último anillo de protección del área natural. ¿De qué manera el gobierno actual está buscando realmente proteger esta área?

La Arena Guadalajara constará de un centro de espectáculos que se construirá en el terreno del antiguo Planetario “Severo Díaz”, con capacidad de hasta 20 mil personas, más de 700 autos, y se dice que eventualmente albergará las Fiestas de Octubre. Claro que el terreno se debe explotar, equipar y preparar para semejante proyecto. El asunto fue visibilizado y retomado por la sociedad tapatía a raíz de la tala (autorizada por el Ayuntamiento de Guadalajara) de más de 250 árboles, y la consecuente destrucción del hábitat de la fauna local. Vecinos de la zona denunciaron el hecho, nombrándolo como un ecocidio.

Y es que a pesar de que una de las promesas de campaña del actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue “parar la tala clandestina en los bosques de Jalisco”, no se contempló ni la zona de Huentitán, ni la tala “legal” que favorece los megaproyectos de injerencia privada. La Arena Guadalajara cuenta con acciones de Guillermo Salinas Pliego, y se establece que el gobierno del estado no invertirá en la construcción.

En cuanto a la tala autorizada por el Ayuntamiento, la justificación fue que se trataban de árboles muertos o en mal estado. En realidad sólo 29 estaban muertos, y el resto estaban en condiciones aptas, según el registro de asociaciones vecinales. Aunado a la tala, se realizó un incendió en la zona de manera autorizada, pero incumpliendo con distintos reglamentos y dictámenes estatales.

Por otra parte, tanto el gobierno estatal como la empresa privada en cuestión, aseguran que se realizará una posterior reforestación, contemplada en el proyecto. Sin embargo, recordemos el caso del municipio de Zapopan. El trienio pasado se llevó a cabo una reforestación con un millón de ejemplares plantados, y que hoy en día no se tienen registros de dónde fueron plantados, mucho menos se les dio un seguimiento ni mantenimiento, reduciendo la esperanza de vida a la mitad. ¿La reforestación, en la forma que la concibe y ejecuta tradicionalmente el gobierno, puede revertir el daño que se le han hecho a los territorios arbolados naturalmente?

En el 2018, la colonia de Arboledas del Sur fue testigo de un caso similar. Un conflicto en donde una comunidad indígena y vecinos de la zona se movilizaron con amparos y diversos eventos. El motivo fue que 2.5 hectáreas de bosque urbano serían destinadas a un proyecto inmobiliario, con autorización del Ayuntamiento de Guadalajara, la cual se había gestionado desde el 2001. Las resoluciones finales fueron detener la tala y destrucción del bosque, e invertir en infraestructura dentro de este (iluminación, baños públicos, pista de trote, entre otras cosas), así como supuesta reforestación.

Vecinos de Huentitán el Bajo han presentado varios amparos, realizado plantones y recolectado firmas en contra de la construcción de la Arena Guadalajara y todo lo que conlleva. Empero, las licitaciones y planes de inversión privada en la Barranca existen desde administraciones pasadas, por lo que puede que el proyecto siga en pie: tal cual como se está llevando a cabo, pese al rechazo social, daño ambiental, e incumplimiento de las normas; o puede que se llegue a un acuerdo entre sociedad civil, empresa privada, y gobierno; o una tercera opción, en donde se llega a un acuerdo, pero a la hora de la hora, desvergonzadamente, no se actúa conforme lo acordado, y no sería ni la primera ni la última vez que se vive un caso similar. Aunque también está la posibilidad de que se encuentre otro terreno (que, como se dice en México, esté bueno, bonito y barato) para la construcción e inversión en un megaproyecto de esta magnitud.

  • Actualmente, estudiante del Iteso.
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¿Puede México derivar hacia una polarización como la venezolana?


chile poblano

 

Los países que tienen instituciones débiles, una ciudadanía poco activa y bajo rendimiento de la democracia liberal siempre corren importantes riesgos con sus gobiernos, con independencia de la afinidad ideológica de sus mandatarios.

¿Cuáles amenazas acechaban, por ejemplo, a México, cuando sus gobiernos fueron liderados por los partidos tradicionales PRI, PAN o incluso PRD?

Que la deficiente gestión de sus líderes vaciaran de contenido a la democracia hasta el punto que pueda hablarse de democracia estancada o fallida. Los vicios de esos gobiernos, corrupción, impunidad, desatención de la pobreza y la desigualdad social, incompetencia y desidia para combatir el crimen, fraudes o manipulaciones electorales, enriquecimiento inexplicable de los gobernantes, debilitamiento persistente del estado de derecho y opacidad, pusieron en tela de juicio la viabilidad de la democracia en el país y crearon las condiciones propicias para el ascenso al poder de fuerzas políticas emergentes que, al menos en su origen, sus líderes no tenían un claro compromiso con las reglas de juego de la democracia liberal ni tampoco un distanciamiento diáfano con regímenes autoritarios foráneos.

Las amenazas que acechaban a México a partir del liderazgo de los partidos tradicionales no pudieron ser evitadas, al contrario se consumaron.

¿Cuál es el riesgo que corre México con el actual gobierno?

La posibilidad de una deriva autoritaria en el mediano plazo y de una acentuación de la crispación y la polarización política no se puede de ninguna manera descartar. Ese riesgo va a estar presente y debe asumirse si queremos realmente contrarrestarlo. Seguimos teniendo instituciones débiles, ciudadanía poco activa y bajas prestaciones por parte del régimen.

Si no fue posible evitar los riesgos asociados a la gestión de los partidos tradicionales, por qué deberían descartarse de plano los riesgos asociados con la gestión de fuerzas políticas emergentes.

La pregunta es, cuáles serían los indicios que alertarían de que podríamos estarnos moviendo en la dirección de una eventual deriva autoritaria.

  • Una actitud complaciente en política exterior con los regímenes autoritarios.
  • Un interés en controlar de forma hegemónica las dos cámaras legislativas en lugar de buscar consensos y fomentar el diálogo y la negociación.
  • Un interés en ubicar en el poder judicial y especialmente en la Suprema Corte de Justicia a personas allegadas al poder ejecutivo.
  • Un crecimiento exacerbado de la base clientelar como resultado de la aplicación de políticas sociales que creen una dependencia permanente de una parte de los ciudadanos con respecto a recursos asignados por el gobierno.
  • Una participación excesiva de los militares en asuntos de gestión pública que generalmente son de competencia civil
  • Creación de un brazo armado de inteligencia policial, de una policía política.
  • Fomento de lazos de colaboración y asesoría militar con regímenes autoritarios.
  • Recurrente inhabilitación judicial o encarcelamiento de líderes de la oposición.
  • Introducción de reformas constitucionales que faciliten la reelección indefinida en los cargos de elección popular.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 25 de marzo de 2019

 

 

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