¿El parlamentarismo es superior al presidencialismo? “Sombras del paradigma”


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Me disculpo por desempolvar un debate que está por cumplir cuarenta años y que  seguramente hoy interesa a muy pocos. Será la primera y última vez que lo haga.  Además en los años 90 Giovanni Sartori y Scott Manwaring, cada uno trabajando por su lado, llegaron a las mismas conclusiones: 1) no es posible definir cuál de las dos formas de gobierno es mejor; 2) las diferencias de rendimiento observables  no tienen que ver con que un país decida tomar la vía parlamentaria o la presidencial sino con las condiciones contextuales existentes en cada nación.

No tengo problemas con eso, salvo que, en América Latina, jamás se ha hecho un análisis crítico  del parlamentarismo y, algo así, hace  mucha falta. Quizás porque ante los numerosos problemas de nuestras sociedades, que continúan siendo achacados en parte al presidencialismo, todavía muchos políticos y académicos de la región le brilla la mirada cuando se refieren a las supuestas bondades del sistema parlamentario y a lo aconsejable que resultaría un viraje en esa dirección. Mi opinión es que se trata de una patología, un vicio o enfermedad intelectual extensamente difundida a la que denomino síndrome del paradigma incorrecto, consistente en discursar sobre las virtudes de algo o alguien a quien no se han tomado la molestia de conocer a fondo. Sí, ya sé que usted lo conoce perfectamente… es que hablamos de una epidemia…

La crisis política actual que vive Alemania ha sido el detonante para dejar por escrito el esbozo de una crítica  del parlamentarismo que pueda servir de antídoto al vicio de colocar como máximo referente algo que en realidad no lo es. Seré breve, relacionaré varios puntos que considero controvertidos del parlamentarismo que sospechosamente han sido tratados con excesiva benevolencia tanto por la literatura sobre los sistemas políticos comparados como por la de la autodenominada “teoría de la democracia”. 

Todo el mundo conoce que en los países parlamentarios que constituyen monarquías constitucionales (Reino Unido, España, Japón, etc) el Jefe de Estado no es electo. Este importante déficit siempre es “compensado” en la literatura con el argumento de que el papel del monarca en esos regímenes es simbólico y jamás se involucra en las funciones ejecutivas. Sin embargo, tal aseveración es solo una leyenda o un mito, tanto en Reino Unido, como en España y Japón, la influencia política que ejerce el monarca tras bambalinas no se puede de ninguna manera subestimar y algunos autores lo han señalado. Se ha llegado a documentar que la familia real inglesa incluso interpela a los ministros y ninguna decisión importante en ciertas materias escapa a su escrutinio. Por otra parte, el hecho de que cualquier decisión importante aprobada por el Legislativo o el Ejecutivo tenga que ser avalada con la firma  del monarca, debe verse no como prueba del simbolismo de su poder sino  como exactamente lo contrario, un derecho real que por el  momento no se ejerce, pero que no siempre y en cualquier circunstancia tendría que ser así. Uno de los grandes aciertos de la teoría  es vendernos como superiores regímenes donde, nada menos, que el Jefe de Estado es un poderoso y activo remanente autoritario que “vela por las buenas  prácticas democráticas”.  El presidencialismo tiene otros problemas, pero no ese vicio de origen.

Por otra parte, en los países parlamentarios que constituyen repúblicas el Jefe de Estado es electo de manera indirecta por las cámaras legislativas. ¿Hay que preguntarse qué significa una elección indirecta en términos democráticos?  Un instrumento que, en el mejor de los casos, suplanta o elude la voluntad popular. Aquí también se dan variantes, en Alemania, por ejemplo, la figura del presidente es de muy bajo perfil, pero en Italia no es así y toma muchas decisiones importantes. La pregunta es, ¿con qué legitimidad puede tener tanto poder? Pero esa pregunta jamás se la formulan a los presidentes parlamentarios de corte italiano, al contrario, se dirige a los presidentes de países presidenciales que por alguna razón y constitucionalmente han sustituido al mandatario de turno ante una renuncia o remoción. ¿Quién no recuerda cómo se la formulaban a Eduardo Duhalde en medio de la crisis argentina de 2001? ¿Por qué la teoría democrática tiene un doble rasero? Uno para Latinoamérica y otro para Europa. ¿La teoría de la democracia sufre también de eurocentrismo? Me temo que sí.

Pasemos a otro punto. La división de poderes es uno de los principios fundamentales de la democracia, desde Montesquieu y los revolucionarios norteños se acepta que ninguna corporación o persona debe concentrar los poderes, no en balde se ha luchado tanto en los balances y contrapesos. Sin embargo, en los sistemas parlamentarios el poder ejecutivo-legislativo se comparte, se fusiona, es decir, la misma fuerza política que controla el ejecutivo como regla  controla a su vez el legislativo, claro está, salvo en los gobiernos en minoría. El problema es que cuando la misma fuerza controla el ejecutivo y el legislativo es muy difícil que no controle a su vez el poder judicial, pues la independencia de los magistrados depende mucho de que el poder político se encuentre fragmentado. Como demuestra la más moderna teoría sobre el poder judicial, los jueces son jugadores que actúan estratégicamente, eso quiere decir, que  rara vez están dispuestos a suicidarse, sino que para pronunciar sus sentencias generalmente miden el estado de la correlación de fuerzas con respecto al gobierno, por tanto si éste controla a su vez el ejecutivo y el legislativo, la actuación independiente de los magistrados tiende a anularse. Es muy raro que la literatura sobre la democracia rara vez se detenga a revisar de qué tipo de equilibrios hablamos en el parlamentarismo cuando se asemeja tanto a una concentración extraordinaria y enmascarada del poder.

Por último, en los sistemas parlamentarios, cuando el partido ganador de la elección no puede conformar una coalición mayoritaria, como es el caso de la democracia cristiana alemana en la actualidad o del partido popular en España, lo más común es que se necesita convocar nuevas elecciones legislativas en la que no existe ninguna garantía de que la situación problemática se resuelva. Entre tanto la función ejecutiva queda en un impasse porque el gobierno en funciones al no resultar investido no puede constitucionalmente tomar decisiones importantes, originándose un vacío de poder, que incluso llega a afectar el status del país en los organismos y foros internacionales en que participa, como ocurrió recientemente con España. ¿Qué pasaría en un país latinoamericano si el poder ejecutivo se diera el lujo de verse afectado por un impasse de esa magnitud que a veces suele extenderse a más de un año?

Bueno, aquí concluyo. Estoy más tranquilo. Pocas cosas me entusiasman más que proponer una terapia contra el síndrome del paradigma erróneo. Por favor, no elija a la ligera su paradigma, y si no lo puede hacer de manera responsable, es mejor no tener ninguno.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, noviembre 23 de 2017

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Chile: ¿Y si de todos modos Sebastián Piñera pierde?


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Contrario a la opinión más extendida, incluso entre los académicos, la trama de cualquier elección y por supuesto también de la contienda presidencial, es la tensión entre pauta y plasticidad que la mayoría de las veces se resuelve a favor de la primera. Pasiones políticas, encuestas, así como la sobrestimación del papel del azar y de la propia plasticidad regularmente conspiran en la ocultación de la pauta.

Pauta significa que, pese a toda su apariencia azarosa, el resultado electoral, esto es, quien resulta ganador de la contienda,  suele estar fuertemente condicionado por el comportamiento reiterado de una o muy pocas variables.

En cambio, la plasticidad hace referencia a las situaciones muy específicas en que la pauta no se confirma debido a la creatividad o inventiva de los propios actores, en ese caso,  candidatos y organizaciones que son capaces de encontrar las herramientas imprescindibles (tácticas) para que la tendencia aborte.

Uno de los problemas analíticos reside en identificar esa pauta. Por fortuna, no sin esfuerzo, esa tarea está casi concluida. Para el caso de las elecciones presidenciales en América Latina, la pauta es que un gobierno que cuenta con una evaluación de desempeño insatisfactoria o tendencialmente a la baja por parte de sus ciudadanos (sólo hay que saber qué momento es el indicado para realizar la lectura de la popularidad presidencial), aproximadamente en el 80% de los casos su candidato electoral no alcanza a retener el poder. Por cierto, una evaluación insatisfactoria o a la baja es aquella en que los mandatarios obtienen una evaluación inferior al 40%.

Sin embargo, aun cuando la pauta aplique para el 80% de los casos, de muy poco serviría si no logramos identificar en qué circunstancias la misma no opera. La noticia es que la acumulación de una considerable base de datos nos permitió avanzar también en esa dirección y, curiosamente, la condición que logra abortar la pauta, hasta ahora, también es una y la misma, aunque no necesariamente debe comportarse así en el futuro o en todos los casos ya acontecidos que paulatinamente puedan ser objeto de investigación.

¿Pero cómo se asocia este preámbulo con la elección presidencial que actualmente tiene lugar en Chile y el título de nuestro análisis?

La coalición oficialista de centroizquierda y su candidato Alejandro Guillier arribaron  a la primera vuelta de la elección presidencial lidiando con una aprobación presidencial de Michelle Bachelet muy cercana al 20%. Ese dato hacía esperar que el oficialismo no se impondría en primera vuelta, como en definitiva sucedió. Significativamente, en esa instancia obtiene un por ciento de votos idéntico al de la popularidad de la presidenta en funciones, aproximadamente 23%.

El ganador de la primera vuelta resultó la centroderecha, “Vamos Chile”, liderada por el expresidente Sebastián Piñera. Casi todos los cálculos de intención de voto preelectorales y del propio comando de  Piñera le concedían un resultado entre el 40 y el 44% de los votos en primera vuelta, pero el ex presidente concluyó la etapa con un 36.64% que complica sus aspiraciones de imponerse en la segunda vuelta, pues el conjunto de la  izquierda, esto es, la suma de los votos alcanzados por coalición de gobierno (22.70%), Frente Amplio (20.27%), Partido progresista (5.71%) y la Democracia Cristiana (5.88 %) (tradicionalmente  parte de la coalición de gobierno de centro izquierda) se eleva hasta el 53%, aritméticamente suficientes para que se impongan en la segunda vuelta.

Los analistas consideran que las posibilidades de crecer de Piñera son menores a las del oficialismo, debido a que sólo podría atraer los votos de la derecha dura o pinochetista, que alcanzó el 7.93% de la votación en el primera vuelta y que eventualmente permitiría que creciera hasta el 44%, bajo el argumento que los pinochetistas preferirían  apoyar a Piñera que permitir que gane la izquierda. Sin embargo, no se ha mencionado que el amplio favoritismo que tuvo la candidatura del ex presidente en la primera vuelta, donde nadie dudó que se impondría con una gran ventaja, pero que a su vez  no le alcanzaría para ganar en esa instancia, pudo haber impactado negativamente  la movilización plena de sus votantes,  una parte de los cuales  bien  pudo no acudir a las urnas ante la expectativa de un triunfo a todas luces seguro,  pero que no decidía en definitiva nada.

Sin embargo, la ventaja de Piñera, según mi manera de entender la elección, no estaría precisamente allí. La ventaja fundamental de Piñera es que su adversario tiene el reto de ganar la elección pese a su pobre desempeño gubernamental en el mandato que concluye (23% de aprobación), algo que resulta un gran sin sentido para el votante.

Los líderes del partido progresista (5,7%) y de la democracia cristiana (5.8%) no se tardaron en dar su apoyo al candidato del oficialismo. Es una buena señal para el candidato del gobierno, pero no significa que la totalidad de los votantes de esas fuerzas estén dispuestos a hacer lo mismo.

Pero donde mejor se percibe esa dificultad es en el respaldo de la fuerza que resulta decisiva para las aspiraciones oficialistas: Frente Amplio (20%). Los líderes de Frente Amplio, mucho más bisoños que sus colegas, no se han pronunciado en esa dirección. En cambio, lo primero que destacaron es que en ningún caso formarían parte del gobierno y que al candidato del oficialismo no le alcanzaría para obtener su respaldo sólo con blandir el pabellón del anti piñerismo.

La postura de Frente Amplio es comprensible, de qué forma una fuerza política emergente e inexperta que se gestó a partir de la crítica y de la diferencia con la gestión oficialista, puede en un tiempo excepcionalmente corto, cambiar su discurso y dar su respaldo a la misma fuerza política que fue caldo de cultivo central de su insatisfacción. Semejante metamorfosis la acometen generalmente  partidos largamente curtidos en el laberinto de la lucha político institucional, pero muy  rara vez fuerzas que recién se incorporan.

En el propio Chile hay un antecedente al respecto. Hace exactamente ocho años  una fuerza política emergente, desgajada del oficialismo y liderada por Marco Enríquez- Ominami consiguió llegar en tercer lugar sumando el 20% de la votación. Para superar a la centroderecha, el oficialismo necesitaba el respaldo irrestricto de Ominami y sus votantes en la segunda vuelta. Sin embargo, el respaldo tardó en llegar y cuando se dio fue de manera muy tibia y hacia el final de la campaña. El resultado fue que la centroderecha se impuso.

Enríquez-Ominami ha reconocido que aquella postura fue errónea y en 2017 se ha apurado en dar su apoyo al candidato de la coalición gubernamental, pero los votantes de Frente Amplio son ahora rehenes de la misma encrucijada que lo anuló en 2009, y que no es otra que la de respaldar a una fuerza en la que no creen y cuya práctica y resultados políticos han rechazado de modo tajante.

Entonces, ese es el drama de la coalición oficialista, lograr que sus “parientes ideológicos”  y, especialmente, los de Frente Amplio, respalden con su voto un  desempeño gubernamental y una manera de hacer política que ellos mismos han reprobado. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que lo que se denomina Frente Amplio es una coalición formada por 14 partidos y movimientos con sensibilidades muy diferentes y que tal grado de fragmentación hace mucho más ardua cualquier intención de negociación para la asunción de una postura homogénea.

La clave para apostar por una definición homogénea y favorable de Frente Amplio sería que sus votantes perciban que un triunfo de Piñera y la centro derecha podría significar un quiebre del propio régimen democrático, pero luego de casi 30 años de gobiernos democráticos y alternancia, ese es un escenario prácticamente descartado por improbable. Entonces la pauta de que candidato de gobierno mal evaluado difícilmente logre retener el poder sigue amenazando con imponerse más allá de que la aritmética superficial indique hacia otro resultado.

¿Y si de todos modos Sebastián Piñera pierde?

Significaría que la pauta, por esta vez, no pudo imponerse y que debemos volcarnos de inmediato a identificar la condición que propició su aborto.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 23 de noviembre de 2017

 

 

 

 

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Elecciones presidenciales en Chile 2017: “El cambio de paradigma”


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A partir del lunes seguramente se dirá que lo que sucede en Chile tiene que ver con el “cambio de paradigma” que se está produciendo en Latinoamérica y que el país sudamericano es empujado a girar hacia la derecha  por una caprichosa fuerza que no tiene causa explicativa alguna.

Sin embargo, una revisión rápida de los resultados que arroja el desempeño del gobierno de centroizquierda de Michelle Bachelet, desnuda  que las explicaciones místicas curiosamente son siempre más propensas entre aquellos cuyas miras ideológicas les impide considerar  realidades.

El estudio nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos de Chile, realizado entre septiembre y octubre de 2017, ofrece pistas de cómo le irá a la coalición gubernamental en la elección de pasado mañana domingo.

El 77% de los encuestados consideró que Bachelet ha actuado con debilidad con respecto a presiones de instituciones, grupos y personas. Sólo 31% lo consideraron así cuando la presidenta concluía su primer mandato.

El 72% considera que la presidenta ha actuado sin destreza o habilidad contra esas presiones. Sólo el 26% lo consideraba así en el primer mandato.

El 64% declaró que la presidenta no le inspiraba confianza. En octubre de 2009, al concluir su primer mandato la cifra fue de 14%.

El 66% consideró a la presidenta como lejana, contra el 23% que la consideró así en 2009.

Y en el indicador decisivo, la evaluación del mandatario, sólo el 23% aprueba su gestión, contra el 78% que lo hizo en su anterior gobierno.

A lo mejor, todavía alguien piensa en que esos datos nada tienen que ver con los resultados de la elección del próximo domingo. Bueno, en Chile, después de la transición democrática, ningún presidente ha logrado traspasar el poder a otro miembro de su partido o coalición partiendo de una aprobación presidencial baja (menor al 40%).

La excepción fue Frei-Ruiz Tagle en 1999, que contando con un 29% de aprobación logró traspasar el poder a Ricardo Lagos. ¿Y entonces?  El “éxito” de Frei – Ruiz Tagle, segundo presidente de la etapa democrática,   fue posible debido a que entonces los chilenos todavía temían que el regreso de la derecha al poder entrañara un riesgo de retorno al régimen pinochetista. Esos temores ya se desvanecieron, al menos, entre los segmentos decisivos del electorado.

La prueba es que en 2009, exactamente diez años después, aunque la aprobación del gobierno de centroizquierda de Michelle Bachelet rondó el 70%, el candidato ganador fue Sebastián Piñera de la centro derecha, que estaría listo para vivir una inédita situación, recibir dos veces de la misma mandataria la banda presidencial.

Por cierto, Piñera resultó vencedor, nada menos, que ante el mismo Frei- Ruiz Tagle, quien intentaba por segunda ocasión mal gobernar a Chile. Pero para entonces  la sociedad había cambiado,  los chilenos temían más a la repetición de un gobierno incompetente que a  los fantasmas del pasado.

Orestes E. Díaz Rodríguez

Tulum, noviembre 17 de 2017

 

 

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Jalisco 2018: ” Seis claves para aspirar a ser gobernador electo”


Palacio de Gobierno Jalisco

En cualquier elección que se respete, el partido de gobierno provee casi siempre uno de los dos candidatos protagónicos de la contienda. Es de esperar que así resulte también en las elecciones a la gubernatura del estado de Jalisco. Pero, ¿qué claves necesitan estar bajo control del aspirante del oficialismo para poder convertirse en gobernador electo en 2018?

Cualquiera que sea el candidato del oficialismo tendría que:

1.-Contar con el visto bueno del núcleo dirigente del partido a nivel nacional, esto es, el presidente de la república, su entorno y sus portavoces. En una estructura de tipo centralizada, ello “legitima” su aspiración, garantiza recursos adicionales y especialmente, evita el efecto devastador del “fuego amigo”.

2.-Contar con el respaldo irrestricto del gobernador del estado. Desde esa posición se deriva  una entramada logística de apoyo financiero y mediático en sus dos modalidades, visible e invisible, que resultan imprescindibles para que la campaña sea o aparente, cuando menos, ser competitiva.

3.- Contar a su vez con el respaldo casi unánime de la estructura estatal y la base de la militancia. Ni una ni otra, debe percibir al candidato como alguien impuesto por los de arriba. Y no es que los de abajo se atreverán a alzar su voz, sino que llegado el momento sencillamente no lo respaldarían con el voto.

4.- Su aspiración necesita verse impulsada por una evaluación ciudadana favorable de la gestión del mandatario estatal saliente y defendiendo, como es el caso, el presidente del país el mismo pabellón partidista, también la candidatura necesita ser propulsada por una evaluación positiva de la gestión sexenal del mandatario de turno. De lo contrario las expectativas corren grave riesgo de ahogarse por el peso del lastre.

5.-Debería, por supuesto, el candidato poder exhibir una evaluación sin claroscuros de su desempeño en responsabilidades públicas y privadas.

6.- Y por último, tener enfrente a cualquier  adversario menos a aquel tiene en sus manos las riendas del estratégico municipio de Guadalajara, que “casualmente” lidera un movimiento que hace apenas dos años arrasó en las elecciones municipales y que cuyo ascenso hacia la gubernatura parece la culminación natural de un proceso de cambio en las preferencias del ciudadano jalisciense.

De esa magnitud es el reto.

Orestes E. Díaz Rodríguez

Tulum, noviembre 14 de 2017

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Cataluña, el derecho a la separación y el referéndum “confirmativo”.


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Desde hace  años sostengo que el estado federal es una estafa, entre otras razones, porque  los estados signatarios del pacto de unión federal no tienen derecho a la separación. Ninguna constitución federal escrita lo contempla, salvo la de la extinguida URSS debido, precisamente, a que la maquinaria política, policial e ideológica del PCUS de facto garantizaba la permanencia “voluntaria” de cada república dentro de la Unión.

En el ámbito de la retórica académica sobre el federalismo, hasta se ha acuñado una terminología para enmascarar esa flagrante contradicción, así  los estados o federaciones disfrutan de autonomía pero no de soberanía. Como resultado, el federalismo es un contrato que las partes firmantes no pueden rescindir, lo que seguramente niega toda la teoría contractual jurídica contemporánea.

Si los estados federales, que tienen por origen un pacto o manifestación de voluntad, no admiten la separación de una de sus partes, ¿qué queda para los países unitarios donde ni siquiera se reconoce la existencia de unidades subnacionales?

Los teóricos han debatido durante los últimos treinta y cinco años qué tipo de estado es España, ¿unitario o federal? Una de las conclusiones comúnmente aceptadas es que se trataría de un estado autonómico o de un sistema federal con hechos diferenciales (Aja, 2003). De acuerdo con esa concepción España contiene los elementos esenciales de los federalismos actuales. Sin embargo, la calificación, fue puesta en duda en este mismo blog una vez que sometimos el estado español a la “prueba ácida” del índice de articulación federal que arrojó que el grado real de autonomía de sus comunidades es decididamente endeble  (“¿Quién es quién en cuanto al federalismo?”, octubre 2015, archivos). Pero aún si resultara cierta la perspectiva de Aja, no afecta para nada la visión y la práctica de sus autoridades con respecto al derecho a la separación.

La separación de Reino Unido de la Unión Europea ha sido posible debido a que esta última es sólo algo aun difuso en vías de integración, todavía con rasgos confederales muy fuertes. La confederación es la única forma de unión en que los estados que la integran conservan su soberanía plena y, por tanto, ha resultado una unión provisional y endeble, incapaz de soportar la dura práctica socio histórica. Como forma de estado, hoy es prácticamente inexistente.

En cambio, la separación de las repúblicas ex soviéticas de la antigua URSS, fue posible gracias a una crisis general del régimen. Ahí se vislumbra una de las hipotéticas salidas para los partidarios de la causa de la separación de Cataluña, una crisis de la monarquía constitucional española puede representar una oportunidad.

De no existir una crisis del régimen,  el derecho a la separación sin derramamiento de sangre, es factible sólo cuando existe voluntad política de las autoridades centrales de consultar y respetar la decisión que emane del electorado de la comunidad con aspiraciones independentistas.

La corona,  sin embargo, ha dejado suficientemente claro que ese punto no es negociable por una sencilla razón, evita exponerse a una fragmentación que termine por atomizar a España, reduciendo drásticamente su peso dentro de la Unión Europea y el mundo, al equivalente al del principado de Mónaco.  La “democracia” española, por tanto, manifiesta, cuando  menos  dos límites muy visibles o enclaves autoritarios, por una parte, no es posible que sus ciudadanos elijan al Jefe de Estado, por otra, tampoco es posible decidir en las urnas si una región con características históricas y sociológicas que podrían justificar la denominación de nación, debe proseguir siendo parte de España o tener derecho a formarse como estado independiente.

Una vez que las condiciones históricas favorecen un cambio de la voluntad general de las autoridades centrales, el instrumento clave que la concreta se denomina referéndum, una consulta donde la población mediante el voto decide su permanencia o independencia del marco jurídico en que se ha desenvuelto. Es lo que Reino Unido concedió específicamente en el caso de Escocia, pero habitualmente se olvida que no ha sido a su vez así para otros territorios donde existe también una expectativa creciente por la independencia.

Es llegado ese punto donde considero clave la introducción de una ligera pero decisiva reforma. Una vez que madura el cambio de la voluntad del poder central, algo que no sucede aún en España,  ¿por qué razón hay que hacer depender una decisión trascendental que afecta profundamente la vida de los que “se van” y de los que “se quedan” de una sola y exclusiva votación que puede estar fuertemente permeada por influencias pasajeras o temporales? El actual mecanismo es democrático, no lo dudo,  pero también es  decididamente ingenuo y temerario y por consiguiente dañino. La democracia necesita más que ningún régimen que sus pilares descansen sobre la sabiduría.

Lo  idóneo es que exista, desde luego, la figura del referéndum, pero para que la separación se concrete debe ser necesario que el “sí” se imponga, cuando menos, en dos consultas, mediando entre la realización de la primera y la segunda un  lapso de seis meses a un año, que obligatoriamente se constituiría en una etapa de reflexión colectiva sobre la decisión tomada.  Reino Unido, por ejemplo, se hubiera ahorrado los lamentos y las dudas del día después del “Brexit” si hubiera contado con una herramienta de esa categoría. A ese segundo referéndum  es el que denomino “confirmativo”.

Los que conocen la historia de la figura de la moción de censura podrán entender mucho mejor el punto. La moción de censura es una fórmula decididamente democrática de remover a los gobiernos, pero que más que estabilidad, estimula la inestabilidad de los sistemas parlamentarios. Hasta que en Alemania descubrieron la fórmula para que la figura dejara de ser un factor desestabilizador. Para ello, sencillamente, adicionaron a la moción de censura una segunda votación, no bastaría para remover al gobierno que una mayoría parlamentaria lo censure, sino también que esa misma mayoría sea capaz de designar a un líder sucesor. Surgió así la “moción de censura constructiva” y desde entonces los gobiernos parlamentarios fueron más estables, porque los opositores si bien rápidamente se ponen de acuerdo para remover un gobierno, no muestran casi nunca la misma eficiencia para lograr un consenso mayoritario sobre quién debe ser el sucesor. El instrumento democrático que hasta ese entonces era tosco e imperfecto, fue pulido y perfeccionado contribuyendo con ello a la gobernabilidad. Algo así necesita implementarse  también en materia de referéndum vinculado a temas trascendentales como el derecho a la separación. No tengo dudas.

Orestes E. Díaz Rodríguez

Tulum, 11 de Octubre de 2017

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La superpotencia… bananera y el renacer de la otra “Unión”


Trump meets with Merkel in the Oval Office at the White House in Washington

Con la urgencia que ya es habitual trataré dos temas que someto a tu consideración.

Se ha usado el calificativo de “república bananera” para designar, entre otras cosas, la inestabilidad o vaivenes  políticos de la mayoría de los países latinoamericanos. La falta crónica de políticas de estado, es decir, de decisiones del más alto nivel con las que están comprometidos los principales partidos y que no cambian aunque se produzcan alternancias en el poder, es uno de los rasgos de ese primitivo orden.

Pues bien, resulta que el arribo de Donald Trump  a la presidencia de Estados Unidos ha puesto de relieve algo que ya venía sucediendo, pero que probablemente nunca alcanzó un grado de notoriedad como el de hoy. Trump y en muchos casos también los los republicanos, se propusieron cambiar radicalmente la política migratoria, renunciaron al TPP, se alistan para asestar un golpe convencional o nuclear a Corea del Norte pues “la época de la paciencia estratégica terminó”, derogaron los decretos de protección del medio ambiente emitidos por la administración anterior, están a punto de liquidarse la  reforma sanitaria o Obamacare,  pujan por salirse del TLC con México y Canadá, no apoyan la relación forjada con los aliados de la OTAN, tienden a una relación “carnal” con Rusia, y por último, se salieron dando un portazo del acuerdo de París contra el cambio climático. ¡Todo ese viraje en menos de 120 días!

No recuerdo a  país latinoamericano alguno que exhibiera jamás semejante variación en la mayoría de sus políticas como resultado de un cambio de gobierno. Estados Unidos es muchas cosas, pero también una superpotencia bananera.

Y ahora vamos al otro asunto, sutilmente vinculado con el comportamiento “coherente y digno de la mayor confianza” de Estados Unidos. En los últimos años, el gran tema no resuelto por los europeos  era cómo conservar una unión que  se perfilaba como precaria. La salida del Reino Unido no hizo más que acentuar la dolencia. Se dice que la Unión va camino de tejer una arquitectura federal, pero el gran secreto del federalismo en todo el planeta, incluido los Estados Unidos de América,  es que los estados soberanos e independientes que pactan la asociación, luego no tienen derecho ni posibilidad de salirse. Es el contrato jurídico institucional más raro que he visto, los firmantes tienen pleno derecho a asociarse pero no a rescindir el pacto. En otras palabras, el federalismo es más viable en la medida en que sus estados miembro renuncian de derecho o de facto a la libre salida de la unión.

Precisamente con esa dificultad tropezaba la Unión Europea. Hasta hace tres meses parecía factible que cualquiera de los estados miembros podría en cualquier momento decir adiós. No había candados de derecho ni tampoco de facto a la separación. Era una unión extremadamente frágil. Hasta que las cosas cambiaron.

Trump decidió que Estados Unidos dejaba de comprometerse con la defensa de cualquier país de la OTAN que resultara atacado. Europa está más sola que nunca. Si tiene un conato con alguna otra potencia expansionista, como por ejemplo, la poderosa Rusia, tendrá que enfrentarlo con sus propias fuerzas. Con el autoaislamiento de Estados Unidos y la distancia que tomó Reino Unido, la única forma de sobrevivir que tienen los países europeos ante la eventualidad de un ataque externo es manteniéndose muy unidos. El peligro externo hace la unión, la misma regla de oro  que una vez funcionó para la conformación de los Estados Unidos de América ahora es una potente fuente de estímulo de la unidad trasatlántica. En estas épocas de turbulencia, se corre un riesgo muy grande apostando por la supuesta placidez de la vida ermitaña. Reino Unido quizás puede darse todavía ese lujo porque tiene su propia defensa nuclear. Pero, en el continente, esa calidad de armamentos sólo la tiene Francia.

De modo que mientras mayor es el distanciamiento de Estados Unidos de la OTAN y  de los países de Europa, mayor es la necesidad de que los países de esa región integren una unión sólida.

Si faltaba algún otro estímulo adicional, sin dudas tenía que ver con la condición de hacer prácticamente inviable cualquier intención de abandono. Sencillamente significa retomar lo que está en el ADN del federalismo, no a la libre separación. La oportunidad la brindó la salida de Reino Unido, quien deberá pagar la suma de 100 000 mil millones de euros por la afectación que conlleva su salida unilateral  de la Unión Europea o de lo contrario ese reclamo irá a parar a los tribunales.

La noticia ni debe pasar por alto, ni debe pensarse que tiene por principal destinatario sólo a Reino Unido. Todo lo contrario. Significa, ante todo, que en el futuro cualquier salida de la Unión por parte de un estado miembro tiene un costo tan elevado, que es impracticable. La puerta de escape ha sido sellada, entraña un altísimo riesgo de no sobrevivir y a su vez un desembolso económico incosteable.

Así fue como en la misma medida que la superpotencia norteña mostraba su más entusiasta perfil bananero, en cambio, la otra gran unión pudo haber dado el paso sustantivo hacia su integración.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum

Junio 2, 2017

 

 

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¿De qué depende la caída de Maduro y el estallido de la guerra en Corea?


maduro y kim jon un

La percepción general es que tanto la eventual caída de Maduro como el desencadenamiento de una nueva guerra en Corea, se encuentran esta vez mucho más cerca que en cualquier situación de tensión anterior.

¿Pero de qué depende que ambos acontecimientos se produzcan y cuál de los dos tiene mayores probabilidades de suceder?

Comenzando por Caracas, la probable caída de Maduro siempre dependió  de cuan monolítico pueda mantenerse el chavismo ante la exacerbación de los reclamos y protestas. En ese sentido, no se ha aclarado aún si la postura de la fiscal general en contra de la anulación de la Asamblea Nacional decretada por el poder judicial,  respondió a una estrategia cupular o fue la primera expresión manifiesta de una fractura dentro del oficialismo. Si fuera lo segundo, crecerían las probabilidades de que esa grieta se ahondara ante la agudización actual de los   enfrentamientos.

Tampoco se ha confirmado que la oposición tomara la iniciativa de proponer un pacto a las fuerzas armadas o viceversa. En la mayoría de las ocasiones, la salida desde un régimen autoritario o semi autoritario en Sudamérica  no se produce si al menos, coyunturalmente, no quedan protegidos ciertos intereses creados en el seno de la institución castrense. 

Por otra parte, es posible que si se oficializa la convocatoria de elecciones regionales, por parte del gobierno, la inminencia de salida extemporánea de Maduro quede en suspenso y se supedite entonces a los tiempos electorales.

Resumiendo, no se ha podido corroborar una escisión dentro del oficialismo, no existen tampoco indicios de la existencia de una política de negociación con las fuerzas armadas desde la oposición para un eventual escenario post maduro, mientras la posible convocatoria de elecciones regionales podría contribuir a desactivar gradualmente la vía exprés de reemplazo. Las variables de las que podría depender una caída inminente (en días o semanas), por el momento, no se manifiestan de manera diáfana.

¿Ocurre lo mismo con el caso coreano? ¿De qué depende el estallido?

La inminencia de una guerra en Corea la favorece tanto la debilidad política interna de Donald Trump, como su personalidad, más inclinada a imponerse que a dialogar. Luego de la demostración de fuerza en Siria, los beneficios de “disciplinar” a Corea resultan muy tentadores para el objetivo de consolidar al magnate.

Pero el problema reside en que es prácticamente imposible realizarlo a través de una acción de tipo preventiva, al estilo de lo implementado con Asad. No hay garantía alguna de que los norcoreanos no respondan destruyendo a Seúl o incluso alcancen también a afectar a Japón. ¿Cuál es el saldo político favorable para la presidencia de Trump si como consecuencia de sus decisiones uno de sus dos aliados en la región es prácticamente destruido? De aquí que una acción de guerra contra Pyongyang tendría que ser de aniquilamiento total impidiendo que devuelvan parcialmente el golpe.

Pero ahora mismo, existe otro asunto más espinoso,  ¿la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tiene la total certeza de que Corea no tiene posibilidad alguna de alcanzar con un misil intercontinental el territorio de Estados Unidos? Si se equivocaran en esa apreciación, aun destruyendo a Pyongyang, Estados Unidos podría salir también “tocado” de semejante aventura.

Entonces, si bien existe  la inclinación  de “aleccionar” a Corea del Norte, aprovechando al máximo el relativo éxito del ataque preventivo a Siria,  al parecer no hay manera de hacerlo parcialmente, al menos por la vía militar.  El daño colateral parece inevitable y habría que asumirlo. Mientras la opción del aniquilamiento sorpresivo y total del adversario, puede que disminuya drásticamente las posibilidades de un contragolpe, pero conllevaría un genocidio probablemente insostenible ante la opinión pública global. Como consecuencia, pareciera desvanecerse la posibilidad de un estallido inminente de ese conflicto.

Sin embargo, observando cómo  manejan la crisis las partes involucradas, en este conflicto es alarmante que las formas que emplean los protagonistas pueden pesar más que los acuciantes problemas de fondo. Así todo el mundo fue puesto al tanto de las bravuconadas de Trump, como también del hecho de que Corea recogió el guante. ¿Puede una personalidad como la del magnate moderarse ante semejante desafío sin dejar de pensar que hará el ridículo?

En la península de Corea el inminente estallido del conflicto parece depender más de los egos y la escalada retórica que de las posibilidades reales de que alguna de las partes, y especialmente Estados Unidos y sus aliados, logren salir ilesos material y moralmente. Por consiguiente, en apariencia, hoy 16 de abril de 2017 luce más inminente la perspectiva de una guerra en Corea que el reemplazo intempestivo en Venezuela de Nicolás Maduro.

 Orestes E. Díaz Rodríguez

Tulum, 16 de abril de 2017

 

 

 

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