La agenda la pone Arizona


Doce millones de personas viven ilegalmente en Estados Unidos, de ellas 460 000 lo hacen en Arizona. Legisladores republicanos del  estado aprobaron un proyecto  que endurece el enfrentamiento contra la inmigración indocumentada.  La gobernadora no dudó en convertirlo en ley.

Las reacciones no demoraron. El presidente Barack Obama declaró que la ley está mal encaminada. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes,  se pronunció en sentido similar. Asociaciones jurídicas  migratorias y medios de comunicación  han calificado la iniciativa de “plumazo” y de “ley que abre la temporada de caza”. En México el Presidente Calderón la acusó de avivar el odio, en tanto,  mandatarios centroamericanos y hasta la OEA la tildan de contrariar el espíritu de una nación de inmigrantes.   No faltan apoyos sorprendentes, la asociación de jefes de policías de Arizona y Meghan Mc Caín, hija del  principal respaldo de la gobernadora Jan Brewer, el senador John Mc Caín, se manifiestan en contra de la controversial ley.

Sin embargo, el clamor no puede ocultar que un grupo mayoritario de ciudadanos estadunidenses ven con buenos ojos la promulgación de la  SB-1070, ante un aumento de la delincuencia relacionada con la violencia y las drogas que se filtra por la frontera mexicana.

¿Es constitucional la ley SB-1070 del estado de Arizona?

Ningún estado de la Unión tiene el poder de establecer su propio esquema legislativo para regular la inmigración. Es trabajo exclusivo del gobierno federal. Los antecedentes de leyes estatales y locales  con esa pretensión, la Corte Suprema las ha desechado.

Otra vulnerabilidad es que  autorizar a los cuerpos de policía del estado a detener, interrogar y exigir documentos a las personas que los agentes no entrenados tengan razones para sospechar que son inmigrantes indocumentados, probablemente afecte la Cuarta Enmienda  de la Constitución que protege a cualquier persona frente a detenciones y cateos sin razón.

Pero el efecto más pernicioso será voltear al revés la presunción de inocencia. Muchos inmigrantes legales latinos, incluso veteranos de guerra, podrían ser vistos como posible amenaza para la seguridad  al difundirse un perfil racial que priorizando la apariencia abre la puerta a la violación de derechos y a la perpetuación de estigmas.

La ley será aplicada dentro de 90 días, pero agrupaciones migrantes esperan conseguir su suspensión mientras se litigan sus alcances. La que no se aplazará es la necesidad de que el Congreso aborde una reforma migratoria integral. Sobre todo ahora que otros estados  podrían sentir la tentación de imitar a Arizona.

En un año electoral cálculos políticos han relegado la presentación de un proyecto que asegura una polarización de la sociedad superior a la que alcanzó el debate de la reforma de salud. Queda por ver si el efecto real de la SB -1070 será catalizar un cambio en los tiempos políticos a favor de las decisiones.  Quizás no pueda continuar aplazándose  la promesa de Barack Obama de aprobar una reforma integral que “saque de la sombra” a millones de inmigrantes ilegales.

Maestro Orestes E. Díaz Rodríguez

UDG

abril 28, 2010

http://www.informador.com.mx/internacional/2010/197171/6/la-sb-1070-es-vulnerable.htm

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Acerca de orestesenrique

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. El tema que luego devino en mi tesis doctoral, predicción de elecciones presidenciales, fue concebido, nació, se experimentó y arrojó sus primeros resultados, justo, en este blog...
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