México: “Caso Florence, ¿escasez de justicia?”


Florence

Florence Marie Loise  Cassez Crepin, nacida en Lille, Francia, era antes de ser recibida por el presidente Francois Hollande, entre otras cosas, ex presidiaria y ex novia del jefe de una banda de secuestradores.

Había emigrado a México en 2003, invitada por su hermano quien residía en el país desde 1994.  Antes de ser detenida en 2005 había vivido por algunos meses bajo el mismo techo donde su pareja retenía, torturaba, violaba y mutilaba a sus víctimas. A pesar de ello, no fue reconocida inicialmente por las mismas, que posteriormente cambiaron su declaración. No fue la única incoherencia, si algo no es motivo de discordia es que la detención y el proceso estuvieron plagados de irregularidades.

De cualquier forma la ciudadana francesa recibió finalmente en 2008 una condena por sesenta años, pero en enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia, considerando que las múltiples irregularidades comprometieron el debido proceso le concedió un amparo que la dejó en libertad.

¿Es culpable o inocente, Florence?  La corte no se pronunció al respecto, su decisión lo que sustenta es que los abundantes excesos u omisiones en los que incurrieron las autoridades correspondientes durante la detención y el proceso investigativo impedían brindar un juicio justo. En la práctica, tal consideración significó que Florence quedó en libertad.

Florence y el presidente frances

La reacción defrustración de los medios y la opinión pública fue prácticamente unánime, pero al mismo tiempo incapaz de impedir que “la villana” abandonase el penal y volara esa misma noche a su país de origen, donde declaró que la corte había reconocido su inocencia, algo tan distante de la verdad como la propia presunción de culpabilidad que hace del caso el ciudadano mexicano promedio. La verdad es que no se sabe y que probablemente jamás sabremos cuál fue el grado real de involucramiento de Florence, porque nuestras autoridades desaprovecharon la oportunidad de reunir las evidencias en su contra dentro de un marco de estricto apego a la legalidad.

Por su parte, de forma absolutamente contraria a la opinión pública, la comunidad jurídica nacional tendió a reconocer la validez del fallo. En un entorno de violaciones habituales de los derechos procesales, que conducen a construir artificialmente culpables y a encarcelar al inocente, los profesionales del derecho ven en la decisión de la corte un precedente imprescindible encaminado a poner punto final  a  las irregularidades.

Según un estudio del CIDE de los 233 000 presos que hay en México, el 54% no tiene sentencia condenatoria en su contra, y pese a ello sigue tras las rejas. El 57% de los sentenciados refieren haber sido golpeados durante la retención; el 30% argumenta que se declaró culpable por las torturas, el 43,7% señala que no tuvo abogado al rendir la declaración, además el 75% asegura que jamás ha hablado con el juez generalmente ausente durante las audiencias.

Pero parece exagerado suponer que la solución dada por la suprema corte al caso Florence siente un precedente del que puedan beneficiarse  los ciudadanos mexicanos. Más real es asociar el resultado con las fuerzas económicas y políticas que actuaban a favor de él. Se trata nada menos que del estado francés con sus poderosas conexiones económicas y políticas. ¿Cuántos compatriotas, cuyos derechos fundamentales son violados sistemáticamente, pueden presumir que cuentan con el respaldo de una fuerza con la potencia de la Quinta República?

Las cosas seguirán como hasta ahora. No hay tal precedente, a no ser el de siempre; la torpe  maquinaria de la justicia es capaz de abandonar su proverbial modorra y ponerse en movimiento, como regla,  sólo para beneficio del poderoso. No estamos, como sostiene el jurista, ante una reivindicación con pretensiones de erigirse en pauta, no ha llegado aún el siglo de las luces. Creer eso  es una ingenuidad impropia de un verdadero profesional. Más bien se confirma lo que viene siendo norma, cruel y no escrita, pero norma dominante al fin.

La decisión de liberar a Cassez, ante todo, ofende profundamente a las víctimas, que han visto como finalmente escapaba una de las potenciales responsable de  sufrimientos y pérdidas que difícilmente lograrán superar en el resto de sus vidas. ¿Acaso es capaz de compensar el daño el alegato de que la Corte se apegó al espíritu y la letra de la Constitución? O mucha gente se está preguntando a esta hora de qué sirve la suprema corte y el propio ordenamiento jurídico, cuando no han podido impedir que eluda su condena  un casi seguro responsable.

Se ha presentado también la decisión de la suprema corte como ejemplo de independencia ante el poder ejecutivo. ¿Pero, de dónde se concluye que el propósito de ese poder era que Florence continuara tras las rejas? ¿Acaso era su interés mantener a rajatabla una relación conflictiva con Francia por un asunto heredado de gobernantes anteriores?

Curiosamente, fue un magistrado con un importante historial de servicio en el poder ejecutivo, quien ofreció a la magistrada ponente la vía que conducía a la liberación.  En efecto, como comentó un observador privilegiado como el Doctor Miguel Carbonell,  el proyecto inicial que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero pretendía anular algunas de las pruebas en contra de Florence y devolver el asunto al tribunal de circuito. A esa propuesta se opuso la mayoría de los ministros. Entonces el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex jefe del servicio de administración tributaria (SAT) en el gobierno de Felipe Calderón,  indujo a la ponente a cambiar la postura en el sentido de otorgar sencillamente el amparo ante las violaciones a los derechos de la francesa.  Su voto fue también el que  inclinó decisivamente la balanza. ¿Es posible defender que la decisión de la Corte es reflejo de su independencia? O puede argumentarse con más coherencia que en su decisión la corte eligió el rumbo que más convenía al poder ejecutivo, al distender de golpe la relación conflictiva que se arrastraba con una potencia que presionó a favor de liberar a Cassez, y además, dejarlo de paso a salvo de los graves costos de la impopular decisión.

Falta aún valorar el aspecto filosófico del fallo. Se trata de preguntarnos ¿cuánto puede soportar sin desplomarse o envilecerse el alma de una nación que sistemáticamente no encuentra respaldo en sus instituciones? Acaso  nuestro problema  es que desde el extranjero no somos creíbles, o que desde hace mucho tiempo nosotros mismos no creemos en la viabilidad del país.

Orestes E. Díaz Rodríguez

Enero 28, 2012

www.orestesenrique.wordpress.com

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Acerca de orestesenrique

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. El tema que luego devino en mi tesis doctoral, predicción de elecciones presidenciales, fue concebido, nació, se experimentó y arrojó sus primeros resultados, justo, en este blog...
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