España, un largo camino a la democracia (I)


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Por Mario Rodríguez Pantoja

(Colaboración especial)

Quizás el comienzo de este largo viaje sea el momento en que Miguel Primo de Rivera, a petición del rey y respaldado suficientemente en el Ejército, la Iglesia y la patronal, acepta ser depositario de todos los poderes del Estado. Los motivos por los que Alfonso XIII se decide a violentar el ordenamiento político-jurídico del país parecen no dejar duda. Tampoco el hecho de que los procesos desatados con dicha violación terminaron acarreándole nefastas consecuencias. Sucedió lo que nadie se esperaba. Tal vez entre los españoles atentos a la escena pública ninguno sospechase que con Primo de Rivera de gestor, lo más grave que podía suceder a lo rancio de la España del momento no era exactamente que el deterioro del sistema constitucional de la Restauración llegase a un punto sin retorno. Lo trágico en sí mismo fue la realización del programa socio-económicos riverista, concebido para favorecer a los valedores del reino alfonsino pero en realidad incompatible con la Monarquía hasta el extremo de provocar su derribo inexorable y abrir la posibilidad de un nuevo ensayo republicano.

Durante los años de la Primera Guerra Mundial, España se convierte en proveedora de recursos diversos a ambos bandos beligerantes. Su situación de neutralidad favorece el desarrollo industrial, comercial y de los medios de transporte, y este crecimiento de la actividad económica estimula migraciones masivas de la mano de obra hacia las explotaciones mineras y las regiones industrializadas; el número de la población laboralmente activa ocupada en minas y fábricas aumenta en comparación con la dedicada a labores agrícolas. Por otra parte, los recién incorporados a la vida urbana como asalariados descubren el universo de las luchas obreras al que en no pocos casos se incorporan militando en sindicatos socialistas o anarquistas. Aunque hacia 1918 se realiza una apreciable cantidad de recortes salariales y despidos en el sector agrario, la tendencia en el país continuó siendo de estabilidad y crecimiento económico. También la pequeña y mediana burguesía aumentan, y en Cataluña y País Vasco esto se traduce en fortalecimiento de las aspiraciones secesionistas.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial el colapso del imperio austro-húngaro pone en la agenda política de los vencedores impulsar la creación de Estados de unidad étnico-lingüística justificados en el derecho de los pueblos a la autodeterminación. A su vez el triunfo de la Revolución rusa abre la discusión sobre la viabilidad de un Estado de obreros y campesinos, y, de manera mucho más amplia, replantea el debate sobre las reivindicaciones que las clases trabajadoras pueden y deben exigir y las vías para ello. Los obreros españoles contaban con formaciones políticas y sindicales suficientemente maduras sobre las que impactaron los sucesos de Rusia. Los nacionalistas, por su parte, tenía al PNV y la Lliga Regionalista pero carecía de partidos claramente interesados en el desgajamiento de nuevos Estados a partir de España; en el escenario de la posguerra los correligionarios de Francesc Macià crean el primer partido separatista: Estat Català.

Antes del período posbélico los mecanismos del Estado alfonsino bastaban para contener las luchas obreras y los movimientos nacionalistas, pero la nueva realidad del país parecía desbordar al aparato represivo. Para suplir las insuficiencias de este último, empresarios catalanes acuerdan el auspicio de una organización de inspiración carlista, los llamados Sindicatos Libres para combatir a otras organizaciones obreras realmente molestas, en especial la Confederación Nacional del Trabajo. Los Sindicatos Libres funcionaban como cantera de pistoleros a sueldo dedicados a la intimidación y el asesinato de miembros prominentes del anarquismo.

Además, en la etapa final de lo que se conoce como “trienio bolchevique” (notorio en la mitad sur del país por continuas revueltas y ocupaciones de fincas protagonizadas por jornaleros) el Consejo de Ministros firma la Ley de Fugas el 20 de enero de 1921. Según declaraciones de uno de los responsables de su aplicación –el general Martínez Anido- con dicho amparo “legal” sólo en Barcelona se justificó el asesinato de más de quinientos activistas obreros. En medio de esta violencia creciente por parte del Estado y la patronal, grupos autónomos de la CNT deciden atentar contra los principales responsables del pistolerismos y del uso de la Ley de Fugas. Resultaron abatidos por militantes anarquistas, entre otros, el presidente del Consejo de Ministros Eduardo Dato, el arzobispo de Zaragoza Juan Soldevila y el ex gobernador José Regueral.

Antes de decidirse por el desmantelamiento de buena parte de las instituciones del Estado en busca de remedios, el monarca español intenta cortar la espiral del conflicto con los anarquistas colocando en la presidencia del Gobierno a políticos experimentados como Antonio Maura o José Sánchez Guerra, pero el fracaso de éstos determina que el Alfonso XIII asuma de modelo el caso italiano y busque entre sus servidores un Mussolini para España.

En la decisión del rey de poner el país en manos de un “cirujano de hierro” pesó sin duda el alto grado de corrupción existente en todos los niveles del régimen, corrupción que convertía sus instituciones en instrumentos ineficaces. El estado de las unidades militares que cayeron destrozadas en la batalla de Annual era expresión de la podredumbre que lo invadía todo, y si se querían resultados satisfactorios en la lucha contra anarquistas y separatistas era indispensable primero el “saneamiento” y “regeneración” del propio Estado.

Cuando en septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera realiza lo que según Unamuno no fue un golpe sino un “soplo” de Estado, dirige un manifiesto a la nación y al Ejército en que promete poner fin a la “indisciplina social”, en clara alusión a las huelgas, desórdenes, atracos de bancos y asesinatos de figuras del establishment que venían efectuando ante todo elementos anarquistas. El manifiesto igualmente proclama que el Directorio Militar se propone erradicar las manifestaciones separatistas y las “rastrera intrigas” de los políticos. Para dejar sin posibilidad de efecto a estas últimas, el dictador disuelve las Cortes y el Gabinete y actúa como ministro único; reduce los partidos dinásticos a mecanismos inoperantes, disuelve las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, suspende las garantías constitucionales, somete los delitos “contra la seguridad y la unidad de la Patria” a tribunales castrenses e implanta una severa censura de prensa.

En lo que se refiere a la “indisciplina social”, la dictadura la afronta en primer término cerrando locales de la CNT y encarcelando y desterrando a un sinnúmero de sus militantes. Pero al mismo tiempo, por medio de un programa de integración corporativa de las clases trabajadoras, o de al menos una parte considerablemente amplia de las mismas.

Al subsecretario de Trabajo Eduardo Aunós se le encarga la creación de organismos de arbitraje y comités paritarios de obreros y patronos que regularán lo relativo a los derechos laborales, incluido el de huelga. El PSOE y su sindicato UGT aceptan colaborar con la dictadura en este terreno y el dirigente socialista Francisco Largo Caballero llega incluso a ser vocal del Consejo de Estado.

Para canalizar los intereses de los principales grupos económicos, regular el proteccionismo y trazar la política intervencionista del Estado, la dictadura crea el Consejo de Economía Nacional. En la línea del proteccionismo y el intervencionismo surgen entidades como la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (CAMPSA) y la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Además, cuando en 1925 Primo de Rivera nombra un Gabinete civil, incluye en él como ministro de Fomento al conde de Guadalhorce para que desarrolle un ambicioso pan de obras públicas en consonancia con el interés de los pilares económicos del reino.

La gestión del Gobierno controlado por Primo de Rivera facilitó que el país aprovechara en su beneficio el buen momento que vivió la economía mundial durante los años 20, alcanzando un ritmo de crecimiento industrial superior al 5% anual. Ramas como la siderurgia, la construcción, la industria química, estimularon y se vieron estimuladas a su vez por la urbanización, la electrificación, las necesidades de equipamiento y la ampliación de las exportaciones. La política de aumento del gasto público que caracterizó a la dictadura consolidó el crecimiento de la industria pesada así como la expansión del sector de los servicios públicos (agua, gas, electricidad), que triplicó los niveles habidos en 1913. Las infraestructuras se modernizaron y ampliaron, como fue el caso de las redes viaria y ferroviaria. Incluso en agricultura continuaron los tenues procesos de cambio iniciados en la década anterior en cuanto a la mecanización, el empleo de fertilizantes químicos, la mejora de razas y semillas, la producción de forrajes y piensos para el ganado, etc. La población universitaria se triplicó (pasó de menos de 20 mil a cerca de 60 mil estudiantes) y se redujo drásticamente el analfabetismo (de un 60 a un 35%). La clase obrera contó con niveles de empleo relativamente elevados y alguna que otra concesión en materia de derechos, por lo que al menos durante un tiempo disminuyó el número y la duración de las huelgas. La UGT, atraída al sistema corporativo incrementó su membresía y consiguió implantación rural al permitírsele crear la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT).

Pero al rey de Primo de Rivera le surgirá un fatídico contratiempo. Cuando el crack de 1929 se hizo sentir, no sólo reaparecieron con más bríos los enemigos naturales de la Monarquía sino que los valedores de su Mussolini, sin excepción, le dieron la espalda.

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Acerca de orestesenrique

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. El tema que luego devino en mi tesis doctoral, predicción de elecciones presidenciales, fue concebido, nació, se experimentó y arrojó sus primeros resultados, justo, en este blog...
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