España, un largo camino a la democracia (IV)


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Mario Rodríguez Pantoja

Colaboración especial

 

Decía Unamuno que fue la República la que trajo a los republicanos y no al revés en alusión a la escasez y fragmentación del republicanismo español. Y la República llegó además de forma pacífica. Dicen Ricardo Sanz y Abel Paz que el día 14 de abril en Barcelona los obreros textiles improvisaron banderas republicanas de retazos de tela y pararon los telares y salieron a la calle, y que empleados de tiendas y camareros detuvieron también sus labores y se sumaron a lo que parecía una gran fiesta en el corazón político de la ciudad. Los obreros de mayor edad comparaban el alegre y contagioso bullicio de la multitud con el de manifestaciones del pasado, como las de 1909 y 1917, pero complacidos de que esta vez no hubiera violencia ni barricadas. Dicen que ese día las dimensiones y diversidad de la multitud no dejaban de crecer y que mientras, militantes de la CNT asumían la iniciativa de pasarse por la Capitanía General, el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y demás centros oficiales de importancia para desalojar a las viejas autoridades y animar así a los indecisos líderes republicanos a que tomasen las riendas.

 

También en Madrid los trabajadores se manifestaban en la calle con banderas republicanas y los políticos igualmente vacilaban; no se producía ningún pronunciamiento desde los centros de poder: la casa de Miguel Maura y el Palacio Real hasta que por fin Romanones en acuerdo con el rey arregla entregar la abdicación de éste en “terreno neutral” (la casa de Gregorio Marañón) al presidente del Comité Revolucionario o Gobierno provisional de la República.

 

Las autoridades recién constituidas procuraron fijar claramente su propia legitimidad y legalidad. Si asumían la dirección del país era con el derecho que les confería la voluntad popular y la dejación de funciones de Alfonso XIII y sus ministros. El poder público republicano consideró igualmente necesario enmarcar sus límites y exponer sus líneas programáticas en un Estatuto Jurídico que se mantendría vigente hasta que unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio aprobaran la nueva Constitución del país.

 

El Estatuto Jurídico era de un reformismo leve, plenamente aceptable para las llamadas clases conservadoras. Y junto con la composición del Gabinete, traslucía la conformidad de los representantes socialistas en atenerse a un puro republicanismo y de permanecer en un discreto segundo plano.

 

Dentro del marco legal del Estatuto Jurídico se acometieron durante los dos primeros meses las reformas que el Gobierno provisional consideraba más urgentes. Para ello fue emitida una serie de decretos ministeriales que el futuro Parlamento debería rechazar o aprobar como leyes. Un grupo importante de éstos fueron los llamados decretos agrarios impulsados desde los ministerios de Trabajo y Justicia, que modificaban las condiciones laborales de los campesinos y preparaban el camino a la reforma agraria prometida por los republicanos. Los decretos agrarios establecían la prohibición provisional de desahuciar a los arrendatarios de fincas, ampliar al ámbito rural los efectos de la Ley de Accidentes de Trabajo, fijar la jornada laboral en ocho horas, obligar a los propietarios a contratar sólo a trabajadores de la comarca y mantener las tierras en explotación. También extendían a la economía agraria el sistema de jurados mixtos de arbitraje en asuntos laborales.

 

Otro grupo de decretos los promulgó el ministerio de Instrucción Pública, e iban encaminados a aumentar la presencia del Estado en el sector educativo, establecer un plan quinquenal de creación de plazas escolares, ampliar la plantilla de maestros y aumentar el salario del personal docente, disponer la coeducación en la enseñanza secundaria, suprimir la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y crear Misiones Pedagógicas que extendiesen el ámbito educativo a sectores de la población hasta entonces marginados.

 

Por último, desde el Ministerio de la Guerra se dio inició a un plan de modernización de las Fuerzas Armadas con medidas como la suspensión de la Ley de Jurisdicciones de 1906, la racionalización del aparato militar estimulando el pase a la reserva de parte del abultado número de generales y oficiales, supresión de regimientos, transformación de las Capitanías Generales en Divisiones Orgánicas, revisión de los ascensos por elección o méritos de guerra, cierre de la aristocrática Academia Militar General de Zaragoza, modificación legal e institucional para la promoción de suboficiales facilitando la elevación del nivel táctico y cultural de los mismos, etc.

 

Como puede apreciarse, el Gobierno provisional se condujo con sumo comedimiento. Nada de revolucionario había en sus medidas y sin embargo en el clero, el Ejército y el grupo de los propietarios rurales mucha gente comenzaba a inquietarse.

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Acerca de orestesenrique

Master en Filosofía por la Universidad Estatal de Moscú, Abogado (Universidad de La Habana), Profesor de Sistemas políticos comparados por la Universidad de Guadalajara, de Soluciones a conflictos internacionales por la Universidad del Valle de México y Derecho Constitucional para curso de Maestría de la Universidad América Latina. Columnista del diario de Guadalajara, "El Informador"
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