España, un largo camino a la democracia (V)


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Mario Rodríguez Pantoja

Colaboración especial

Merece la pena insistir en el hecho de que la intención de los patrocinadores de la Segunda República era efectuar, a lo sumo, “un maquillaje en el escudo real”, que el principal propósito de su magro programa de reformas políticas era el compromiso de unidad del Gobierno frente a cualquier estallido popular, la defensa de lo que Miguel Maura llamaba “principios conservadores legítimos” como por ejemplo el anacrónico derecho de propiedad sobre la tierra impuesto mediante conquista y pillaje en Andalucía y Castilla la Nueva desde los tiempos de Fernando e Isabel, el caciquismo rural de las baronías, el poderío material y espiritual de la Iglesia y la inviolabilidad del estamento militar y de la maquinaria burocrática del Estado. El maquillaje de estos “principios” se efectuaría aparentando una revolución mesocrática. La gran burguesía industrial y financiera española era monárquico-señorial, demasiado dependiente en su forma y privilegios de la gracia de Dios y la Corona como para amoldarse siquiera al plan de cubrir las viejas relaciones sociales con manto republicano. Además, para ese tipo de menesteres los “principios conservadores” siempre hallarían gente como Azaña con la que contar.

Sin embargo la República emergía de una profunda crisis que no iba a resolverse con meros formalismos. A la República la auparon y proclamaron de hecho unas clases trabajadoras llenas de ilusiones en una vida nueva y no podría sobrevivir sin el apoyo de éstas, es decir, si la mesocracia no buscaba salida a los agudos problemas políticos y económicos del país. Como en definitiva la idea del núcleo director republicano era al decir de Abel Paz promulgar leyes que la efectividad de los rifles de la Guardia Civil convirtieran en papel mojado, el programa de Maura y sus colaboradores iba a resultar inviable, y, gustásele o no, Alcalá-Zamora estaba condenado a ser el Kerensky español.

El Gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio de 1931. Se formaría una sola cámara íntegramente elegida por sufragio y tendrían derecho a voto los varones mayores de 23 años. No obstante, se permitía la elección de mujeres para cargos públicos. Se elegiría un diputado por cada cincuenta mil habitantes o fracción superior a treinta mil, lo cual supuso un Parlamento de 470 miembros. El sistema electoral adoptado favorecía a los partidos de masas y las grandes coaliciones con el fin de que los gobiernos fueran estables.

Los resultados otorgaron una rotunda victoria a las fuerzas de la llamada Conjunción, convirtieron al PSOE en la fuerza política mayoritaria de la izquierda -particularmente en las zonas latifundistas del sur- con 115 diputados; el Partido Radical de Alejandro Lerroux fue el segundo en votos con 94 escaños; le siguió el Radical Socialista de Marcelino Domingo con 59; Esquerra Republicana de Macià y Companys con 31; Acción Republicana de Manuel Azaña con 28; Derecha Liberal Republicana (rebautizada como Partido Republicano Progresista) obtuvo 22, y la Federación Republicana Gallega de Casares Quiroga, que alcanzó 16. El mayor porcentaje del voto republicano se concentró en Aragón, amplias zonas de Andalucía, La Mancha, Extremadura, Madrid y la provincia de León. La derecha no republicana, por su parte, conservaba su influencia en Castilla la Vieja, Galicia, Navarra, Zamora, Salamanca y País Vasco.

En época de Alfonso XIII los socialistas nunca sobrepasaron los 7 diputados, y los republicanos no solían superar la veintena. Estos grupos eran ahora abrumadoramente mayoritarios en las Cortes Constituyentes de 1931. Sólo 28 parlamentarios de 1923 conservaban escaño. El 81 por ciento del primer Parlamento del período republicano lo componían profesionales liberales y funcionarios, con predominio de abogados (152) y docentes (80). La representación propiamente obrera apenas superaba la treintena.

El día 14 de julio las Cortes iniciaron sus sesiones. Para presidirlas se eligió al socialista Julián Besteiro. El día 27 el Gobierno provisional declina sus poderes ante la cámara de representes. El día 31 la Cámara otorga su confianza al Gobierno provisional y éste pasa a ser el primer Gabinete ordinario de la República. Aunque la presencia de los socialistas y los radicales de Lerroux quedaban muy por debajo de su representación parlamentaria, los miembros de la Conjunción convinieron en mantener invariable su composición. Así, con sólo 22 diputados la derecha republicana retuvo las importantes carteras de la Presidencia y la Gobernación. Durante las primeras semanas de funcionamiento las Cortes refrendaron los decretos promulgados por el Gobierno provisional, y, en agosto de 1931 una Comisión parlamentaria presenta un proyecto de Constitución de 121 artículos comprendidos en 19 títulos. Las Cortes discutieron el texto durante algo más de tres meses. En el texto prevalecieron los criterios del PSOE, del Partido Radical Socialista y de Acción Republicana, y con la Constitución se produce la primera fisura entre estos partidos de una parte, y los radicales de Lerroux y los progresistas de Maura y Alcalá-Zamora de la otra. Como era de esperar, los representantes no republicanos se opusieron a la práctica totalidad del programa constitucional.

Fueron objeto de encendidos debates los artículos sobre la aconfesionalidad del Estado y sus relaciones con la Iglesia, los que abordaban el modelo de Estado, el relativo al derecho de la mujer al voto y el que admitía la expropiación forzosa de la propiedad privada “por causa de utilidad pública”. Respecto al modelo de Estado, lo más significativo fue la concreción de un “dictamen de armonía” para alcanzar, de manera directa, un acuerdo con los catalanistas republicanos: se concedía el análisis casuístico del traspaso de competencias a cada región autónoma que se constituyese con la condición de que los Estatutos de autonomía fueran discutidos artículo por artículo en las Cortes y que sólo entrasen en vigor si eran aprobados por ésta. Con respecto las relaciones Iglesia-Estado, se definió a las confesiones religiosas como “asociaciones sometidas a una ley especial” y no recibirían subvención pública; las órdenes que dispusieran de un cuarto voto de obediencia a “autoridad distinta a la legítima del Estado”, como los jesuitas, serían disueltas; a las órdenes se les prohibiría por ley la adquisición de bienes y el ejercicio de la enseñanza; las propiedades del clero serían objeto de fiscalización y podrían ser nacionalizadas; quedaba prohibido el culto público, excepto con autorización gubernativa. Estas últimas disposiciones determinaron que los diputados del partido agrario y los vasco-navarros anunciaran su retirada del Parlamento en señal de protesta hacia el anticlericalismo de la mayoría parlamentaria, e hicieron público un manifiesto que resumía los argumentos que a partir de entonces esgrimió el antirrepublicanismo contra la obra de las Cortes Constituyentes.

La nueva Constitución, entre otras cosas, ratificó la libertad de conciencia, introdujo el matrimonio civil y el divorcio, otorgó rango constitucional al control del Estado sobre la educación, la escuela unificada y laica en el nivel primario y reguló el derecho de creación de centros docentes. El 9 de diciembre de 1931 el texto constitucional fue aprobado en su conjunto con la abstención de la derecha no republicana. Entonces el presidente de la República, siguiendo el protocolo establecido encargó a Manuel Azaña que formara gobierno, que sería exactamente igual al que había. Pero el partido de Lerroux decidió no continuar en alianza con el PSOE y pasó a la oposición junto a los partidos monárquicos. Azaña permaneció de presidente del Gobierno y ministro de la Guerra durante casi dos años.

Mientras las Cortes se enfrascaban en dar cima al marco legal de la República, las clases trabajadoras se veían muy a menudo forzadas a exigir a riesgo de sus vidas el cumplimiento de las nuevas leyes. Como las exigencias de obreros y jornaleros en muchos casos adoptaron la forma de airadas protestas e incluso insurrecciones, historiadores como Julián Casanova Ruiz y Carlos Gil Andrés suelen calificarlas esencialmente de “serios problemas de orden público” que contribuían a la “cultura del enfretamiento” y con los que desde sus comienzos tuvo que habérselas “la legalidad republicana”. Tal vez por cuestión de prioridades o por no considerarlas “serias”, los mencionados autores no describen como desórdenes o alteración de la ley, por ejemplo, las brutales palizas con que frecuentemente los guardas privados de las fincas y los guardias civiles premiaban a los campesinos hambrientos por recoger bellotas o aceitunas caídas.

Es cierto, como se reconoce, que la Segunda República dejó intactos los mecanismos represivos del régimen monárquico y que los empleó contra las manifestaciones populares de descontento. O más exactamente, los Gobiernos republicanos ampliaron y mejoraron dichos instrumentos. Para el 17 mayo de 1931 ya el ministro de Gobernación tenía creado un nuevo cuerpo de gendarmes, la llamada Guardia de Asalto, y en octubre del mismo año un decreto de Largo Caballero que prohibía las huelgas y una propuesta de “recurso jurídico de represión” redactado por Maura se fundieron en una Ley de Defensa de la República. Pero, ¿de quién había que defender a la República?

Según la versión del historiador Paul Preston, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra -sindicato de jornaleros socialistas- había convocado una huelga de 48 horas en la provincia de Badajoz con el propósito de denunciar la aquiescencia del gobernador civil con las infracciones de la legislación laboral por parte de los terratenientes. El 31 de diciembre, por orden del alcalde de Castilblanco (pueblo de Badajoz) la Guardia Civil abre fuego contra una manifestación pacífica de los huelguistas y el tiroteo se salda con un muerto y dos heridos. Aterrados y enfurecidos, los huelguistas se enfrentan a los cuatro guardias y los matan a palos. El día 2 de enero, por órdenes directas del general José Sanjurjo a los cerca de 100 prisioneros supuestamente responsables del linchamiento de los cuatro guardias civiles se les mantiene semidesnudos, en pie y con los brazos en alto durante siete días con sus noches, a temperaturas por debajo de cero grado. Los que se desmallaban o desfallecían eran reanimados a culatazos. Algunos murieron de neumonía. Tres días después de lo ocurrido en Castilblanco la Guardia Civil causa dos muertos y tres heridos en Zalamea de la Serena; un muerto y un herido en Calzada de Calatrava; abate a balazos a un manifestante en Puerto Llano; asesina a dos más en Épila donde también hiere a once personas; a dos mata en Jeresa y deja quince heridos, nueve de ellos de gravedad.

Para cerrar una auténtica “semana trágica”, el 5 de enero de 1932 veintiocho guardias civiles cargan contra una manifestación pacífica en Arnedo, pequeña localidad de Logroño. Allí, el propietario de una fábrica de calzado había despedido a varios trabajadores por no votar a los candidatos monárquicos en las elecciones de abril, y a otros por pertenecer a la UGT. El caso se lleva al jurado mixto que lo resuelve a favor de los trabajadores, pero el dueño de la fábrica se niega a readmitir a los despedidos. Hubo entonces una concentración de protesta frente al ayuntamiento donde, sin justificación alguna, la Guardia Civil causa la muerte a un trabajador y a cuatro mujeres transeúntes, una de ellas embarazada y acompañada de su hijo de dos años que también pierde la vida. Cincuenta vecinos resultaron heridos de bala, entre ellos muchas mujeres con bebés en brazos. Cinco de los heridos murieron días más tarde y otros sufrieron amputaciones. Sólo entonces el presidente Manuel Azaña toma la decisión de trasladar al general Sanjurjo, de director general de la Guardia Civil a jefe de Carabineros.

A mediados de diciembre de 1932 en Castellar de Santiago, provincia de Ciudad Real, se denuncia que a muchos jornaleros se les había negado el empleo por pertenecer a la FNTT y ésta exige el cumplimiento de lo legislado por el ministro de Trabajo; en respuesta, los terratenientes y sus guardas privados irrumpen en casas de trabajadores, destrozan muebles y amenazan a las mujeres e hijos de éstos. Tres dirigentes del consistorio fueron sacados de sus casas y asesinados delante de sus familias. La Guardia Civil del lugar no recibió ningún castigo por incumplimiento del deber de preservar el orden y permitir los asesinatos.

El 18 de enero de 1932 se produce una revuelta de obreros textiles y mineros que toman la ciudad de Fígols, al norte de Barcelona. Los empresarios locales, como en otras partes del país, amenazaban con bajar salarios y reducir plantillas. Los trabajadores se oponen y toman el control del pueblo. El movimiento se extiende por toda la región del Alto Llobregat y la CNT hace una inmediata convocatoria de huelga solidaria que fuera de Cataluña sólo tiene respuesta significativa en Sevilla. Aquí la CNT, con respaldo del Partido Comunista llama a la huelga general para los días 25 y 26 de enero con seguimiento total de los trabajadores. Maura se refiere a los huelguistas como “delincuentes con carné de la CNT”, y Azaña asegura ante el Parlamento que quienes ocupen fábricas, asalten ayuntamientos, saboteen líneas férreas, corten líneas telefónicas o ataquen a las fuerzas del orden, serán tratados como rebeldes. El jefe de Gobierno envía unidades del Ejército a que sofocaran el experimento de comunismo anarquista en Fígols y da al general Domingo Batet cinco horas para que restablezca el orden, pero los comuneros ofrecen cinco días de resistencia. La Ley de Defensa de la República fue aplicada, se prohibió la prensa anarquista y los líderes de las huelgas en Cataluña y Sevilla son deportados en durísimas condiciones al Sahara.

En julio de 1931 ocurren los sucesos que se conocen como “semana sangrienta de Sevilla”. Antes de que estallaran los hechos, el doctor anarquista Pedro Vallina refiere en sus memorias que recibió una carta de amigos de plena confianza en que lo alertaban de que el ministro Maura intentaba provocar revueltas en Sevilla con ayuda del gobernador civil, Antonio Montaner, para justificar el aplastamiento de la CNT en esta región andaluza pero que el gobernador se había negado a secundar el plan. Una de las personas a las que Maura tenía pensado responsabilizar e imputar por cabecilla era justamente al doctor Vallina. Después de la renuncia de Montaner, la preparación de la provocación maurista sigue su curso. Sólo en la ciudad de Sevilla treinta y nueve personas son asesinadas, más otras cien en el resto de la provincia. Vallina pasó tres meses en prisión y fue soltado después de que resultara imposible hallar evidencias que lo vincularan a la huelga organizada por el “anarquista” ministro de Gobernación.

Un último ejemplo del trato prodigado a los trabajadores durante el “bienio republicano-socialista” podría ser lo ocurrido el 8 de enero de 1933, cuando grupos anarquistas lanzaron una sublevación que las autoridades aplacaron sin dificultad en Cataluña, Zaragoza, Valencia, Sevilla y Madrid, pero que reprimieron brutalmente en la pequeña localidad gaditana de Casas Viejas. Según refiere Paul Preston, los vecinos de este lugar vivían en situación de desempleo crónico, “enloquecían de hambre como perros callejeros” y padecían tuberculosis endémica, pero las mejores tierras en manos de terratenientes se destinaban a la cría de toros de lidia. Cuando en esos días una declaración de comunismo libertario lanzado por la FAI llega al Centro Obrero de Casas Viejas, los vecinos terminan sumándose, convencidos de que toda la provincia de Cádiz había respondido al llamamiento revolucionario. Lo menos deseado por los vecinos de Casas Viejas era provocar un baño de sangre. Incluso incurrieron en la ingenuidad de ofrecer a los terratenientes y a la Guardia Civil la oportunidad de incorporarse a la empresa colectiva que pensaban emprender. Para perplejidad de los anarquistas, la Guardia Civil respondió abriendo fuego. Muchos reaccionaron huyendo del pueblo; otros se refugiaron en la choza de un septuagenario de nombre Curro Cruz. Con el anciano se encontraban su yerno, dos de sus hijos, su primo, su hija, su nuera y dos nietos. La choza fue asediada y tiroteada. Tras varias horas de asedio, el oficial de la Guardia de Asalto que dirigía la operación decidió que se prendiera fuego a la casa con los que aún vivían dentro. A los que intentaron escapar de las llamas los abatieron a tiros. Otros doce vecinos seleccionados al azar fueron arrastrados hasta la choza de Curro Cruz y tiroteados a sangre fría. El capitán Manuel Rojas apuntó después que sus hombres habían disparado a los anarquistas porque así lo había mandado Manuel Azaña, y este último declararía lo siguiente: “No se encontrará un atisbo de responsabilidad en el Gobierno”, “En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir […] Se levanta una docena de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes, y agreden a la Guardia Civil, y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba a hacer el Gobierno?”

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Acerca de orestesenrique

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. El tema que luego devino en mi tesis doctoral, predicción de elecciones presidenciales, fue concebido, nació, se experimentó y arrojó sus primeros resultados, justo, en este blog...
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