España, un largo camino a la democracia (VI)


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Mario Rodríguez Pantoja

Colaboración especial

El 17 de mayo de 1933 las Cortes aprobaron la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que desarrollaba los artículos 26 y 27 de la Constitución, pero el presidente de la República no la firmó hasta el 2 de junio y es probable que en ese momento se planteara aprovechar la primera oportunidad que se presentase de desalojar del Gobierno a Manuel Azaña y los socialistas.

Al comenzar septiembre, en la elección del Tribunal de Garantías Constitucionales el partido de Lerroux sacó más votos que ningún otro y se consideró el resultado un plebiscito al Gobierno. Gozando de mayoría parlamentaria, Azaña buscó apoyo en las Cortes y lo obtuvo; no obstante, el día 7 Alcalá-Zamora le retiró la confianza presidencial y encargó a Alejandro Lerroux que formara Gobierno.

El que el Partido Radical pudiera superar al PSOE en las elecciones al Tribunal de Garantías Constitucionales era síntoma de que las fuerzas anti-republicanas empezaban a organizarse mejor. Y por supuesto expresaba el hecho de que republicanos de izquierda y socialistas muy escasamente conseguían hacer que sus reformas laborales pasaran de los textos legales a la realidad. El abundante número de huelgas y sublevaciones de los trabajadores en los dos últimos años no tenía otra explicación. Para la primavera y verano de 1933 era del todo evidente que los Jurados Mixtos y los nuevos derechos sociales eran pasados por alto sistemáticamente, sobre todo en el sur, donde a los sindicalizados se les negaba el trabajo, se dejaban tierras sin cultivar habiendo hambre y desempleo y se multiplicaban los casos de agresión física de los terratenientes contra los campesinos mientras el PSOE y UGT se limitaban a llamar a sus afiliados a la paciencia y la disciplina. Así lo testimoniaba, por ejemplo, el activista obrero Juan Misut: “En Baena hubo un señorito que metió el ganado en sus siembras por no pagar las bases a los segadores (…) Un cura que tenía labor, cuando venía al pueblo el zagal del cortijo por aceite, le hacía bollos al cántaro de hojalata, para que cupiese menos (…) Con esa patronal teníamos que luchar para conseguir una pequeña mejora en la situación caótica de los trabajadores del campo. Ellos tenían el poder, la influencia -aun con la República- y el dinero; nosotros sólo teníamos dos o tres mil jornaleros a nuestras espaldas, a los que teníamos que frenar pues la desesperación de no poder dar de comer a sus hijos hace a los hombres fieras. Sabíamos que los patronos, bien protegidos por la fuerza pública, no lloraban porque hubiera víctimas, pues tenían funcionarios sobornados que cambiaban los papeles y hacían lo blanco negro. Además, lo deseaban, porque un escarmiento nunca está de más, para convencer a los rebeldes que es peligroso salirse del buen camino. Por eso, siempre evitábamos los choques con los servidores del orden… y aconsejábamos a los nuestros mesura y comedimiento”. Lo cierto es que para estas fechas la imposibilidad del PSOE como partido gobernante de imponer el acatamiento de las “bases del trabajo” estaba provocando un trasvase de afiliados de la UGT hacia organizaciones anarquistas y comunistas.

Lerroux no podían gobernar de manera estable en minoría, es decir, sin pactar con los socialistas. Por eso entregó su renuncia. El paso siguiente de Alcalá-Zamora fue, por tanto, disolver las Cortes Constituyentes dejando en manos del Partido Radical la organización de elecciones generales.

Los comicios se celebraron en noviembre de 1933 y, como se esperaba, el PSOE y los republicanos progresistas resultaron derrotados; derrota en la que mucho tuvo que ver el desencanto de las clases trabajadoras con la gestión gubernativa de los Azaña, Prieto, Largo Caballero, corresponsables de que el voto de muchas personas pudiera comprarse con un ofrecimiento de empleo, o con algo de comida o una manta. También pesó en la derrota la recomposición política e ideológica de las clases pro monárquicas. El PSOE pasó de 116 diputados en las elecciones de 1931 a 58 en las de 1933, mientras el azañista Acción Republicana prácticamente quedó borrado del mapa. El partido más votado fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), del abogado José María Gil Robles con 115 diputados, seguido del Partido Republicano Radical con 104. La alianza entre ambas formaciones marca el segundo bienio de existencia republicana, caracterizado justamente por dar inicio a un desmontaje más o menos pacífico de la Segunda República aunque con un holocausto por epílogo.

De las formaciones con mayor porcentaje de parlamentarios tras las elecciones del 33, vale decir que el Partido Radical en gran medida había pasado a sostenerse en el clientelismo y el tráfico de influencias. No tardaron en hallar refugio en él antiguos caciques y pro monárquicos de diversa índole. Rafael Salazar Alonso puede servir de modelo de lerrouxista influyente, hombre de ambiciones desmedidas, o “dado a entusiasmos extremos” según la amable descripción que de él hiciera Alcalá-Zamora. Antes de 1931 Alonso profesaba un anticlericalismo extremo, pero no más salir electo diputado “cayó bajo el hechizo” de la aristocracia terrateniente de Badajoz y giró en redondo: abandonó la masonería y se hizo católico “ferviente”.

En cuanto a la CEDA, representaba políticamente una amplia gama de intereses, cuyo lazo o denominador común era la defensa de la “civilización cristiana”. Decía dirigirse a todos los españoles y, en efecto, la apoyaban desde obreros y pequeños propietarios agrícolas hasta grandes industriales y latifundistas. Su estrategia, de acuerdo con Gil Pecharromán, evolucionaba al compás de las diversas coyunturas que se presentaban y consistía en alentar tendencias dispares que, lejos de poner en peligro la unidad de la confederación, le abrían un amplio campo ideológico y electoral. La CEDA no se identificaba con el republicanismo sino con el corporativismo, razón por la cual muchos militantes esperaban que, tras conquistar el poder, restaurarían la Monarquía o si no establecerían una dictadura similar a la portuguesa o la austríaca. Su máxima figura había dejado claro los propósitos autoritarios de la confederación cuando expresó que “la democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista del Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete, o lo hacemos desaparecer”.

En diciembre de 1933 la CEDA accedió a dar apoyo al Gobierno presidido por Lerroux aunque con las siguientes condiciones: que se concediera amnistía a los condenados por el alzamiento militar de agosto del 32, se revisasen las leyes relativas a la religión, a las relaciones laborales y a la reforma agraria. Por último manifestó que, llegado el momento, intentaría hacerse con el poder empleando la vía parlamentaria para cambiar la Constitución.

Las declaraciones de Gil Robles eran amenazas contra las reformas cosméticas de Azaña y los socialistas que había que tomarse en serio y, en efecto, provocaron temor en las filas del PSOE, cuyo prestigio como fuerza política se jugaba en torno a la protección del maquillaje republicano. Pero su respuesta al desafío lanzado por la CEDA no pasó de una fingida predisposición revolucionaria de defensa de las reformas, envuelta en retórica altisonante. Chantajear con la revolución a Alcalá-Zamora, de cuya decisión dependía que la CEDA pudiera entrar en el Gobierno, y templar los ánimos de las Juventudes Socialistas y de los militantes más radicales era el propósito. En una de sus intervenciones ante el Parlamento, Indalecio Prieto replicaría a la CEDA en estos términos: “Nos cerráis todas las salidas y nos invitáis a la contienda sangrienta”. En otra parte, Largo Caballero expresaba a los militantes el abecé de la revolución: la necesidad de armar al pueblo y desarmar a las fuerzas del capitalismo -Ejército, Guardia Civil, tribunales, etc.- para transformar la sociedad. Conocedora de su superior fortaleza, la CEDA comenzó a presionar al PSOE hasta forzarlo a cumplir con sus amenazas.

Paso a paso, las exigencias hechas por Gil Roble ante el Parlamento fueron hallando satisfacción. Los responsables del intento de golpe de Estado de 1932 fueron amnistiados, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas no se aplicó, los colegios católicos continuaron funcionando, se restableció parcialmente el pago de sueldos a los sacerdotes por parte del Estado, manifestaciones religiosas como los rosarios y las procesiones volvieron a las calles de muchos pueblos, etc. En cuanto a la legislación laboral, la CEDA y el Partido Radical transformaron los Jurados Mixtos de manera que el poder de arbitraje se desplazó abiertamente hacia los empresarios, la Ley de Términos Municipales fue de hecho anulada, los terratenientes continuaron negando el empleo a los militantes anarquistas y de la UGT, y los salarios y la duración de la jornada laboral siguieron determinándose de manera arbitraria por parte de los patronos.

En muchas zonas del sur la esperanza de los jornaleros de encontrar empleo estaba en que los ayuntamientos financiaran obras públicas que generasen puestos de trabajo. Pero por órdenes del Ministerio de Gobernación, primero con Manuel Rico Avello y luego con Rafael Salazar Alonso, a muchos de los alcaldes que intentaban paliar el desempleo promoviendo obras públicas se les sustituía por delegados gubernativos que solían ser caciques locales o agentes de éstos. También se disolvieron ayuntamientos cuyos alcaldes y concejales intentaran hacer cumplir lo poco de las leyes laborales todavía vigentes. Según Paul Preston sólo en Granada durante el período en que los radicales ostentaron el poder, fueron desmantelados 127 ayuntamientos, mientras que en Badajoz el número se acercaba a los 150. Así, en muchos lugares de España se retrocedió a la situación existente en el país con anterioridad a 1931, y protestar contra ello por los causes legales establecidos parecía carecer de sentido. Una huelga general de campesinos debidamente convocada por la FNTT en junio de 1934 resultó un pulso perdido ante el Gobierno y los terratenientes; costó cerca de diez mil detenidos, otros doscientos ayuntamientos de mayoría socialista disueltos, cierre de locales, prohibición del periódico del sindicato y más represalias en el ámbito del empleo. Por eso cuando a finales septiembre de ese año Gil Robles exigió la entrada de ministros de la CEDA en el Gobierno un hondo pesar se apoderó de los republicanos de izquierda.

El PSOE, que hasta la fecha había sido cómplice de infinidad de masacres perpetradas no sólo contra los anarquistas sino también contra su propia gente, había empezado a plantear la necesidad de estructurar un movimiento de unidad de todos los trabajadores, cuestión ésta en la que ya habían pensando otras agrupaciones políticas. El PSOE se integró en las Alianzas Obreras con diversas grupos de la extrema izquierda comunista. La iniciativa de crear Alianzas partió del Bloc Obrer i Camperol y sus aliados, los sindicatos excluidos de la CNT, con la finalidad de “evitar cualquier intento de golpe de Estado o instauración de una dictadura (…) y mantener intactas (…) todas aquellas ventajas obtenidas hasta hoy (…) que representan el patrimonio más estimado de la clase obrera”, en referencia a las leyes impulsadas por el PSOE cuando gobernaba. El ejemplo catalán de las Alianzas cundió enseguida en Levante, Andalucía, Madrid y Asturias. En esta última región la CNT votó el pacto con la UGT mediante la creación de una Alianza Revolucionaria a comienzos de 1934. Cuando el 4 de octubre de ese año Lerroux incorpora tres ministros de la CEDA en el Gabinete (entre ellos el integrista católico José Oriol y el cuasi carlista Rafael Aizpún), las Alianzas, muy mal preparadas y con aparente poco deseo, se lanzan a la insurrección. En Madrid, por ejemplo, dice Preston que con la finalidad de dar tiempo a Alcalá-Zamora para que cambiase de opinión, la UGT convocó una huelga general pacífica con veinticuatro horas de antelación rechazando además los ofrecimientos de movilización por parte de anarquistas y trotskistas, y que la respuesta de las autoridades fue la detención de los líderes sindicales. En Zaragoza la huelga fue igualmente un fracaso, como fracasó también la proclamación de independencia de Cataluña hecha por Lluís Companys. La Generalitat no entregó armas a la población y el general Domingo Batet la apaciguó en unas horas.

En general, la rebelión de las Alianzas Obreras fue fácilmente controlada, exceptuando la de Asturias, donde los mineros además de forjar una sólida unidad consiguieron buen número de armas y cartuchos de dinamita. Gil Robles y los ministros radicales Diego Hidalgo y Rafael Salazar Alonso pusieron al comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval y al general Francisco Franco al frente de los represores contra los obreros asturianos. Franco, nombrado asesor personal del ministro de la Guerra, dirigió el aplastamiento de los rebeldes, según Paul Preston, “con la crueldad glacial que había sido el sostén de sus éxitos en las guerras coloniales”: ordenó el bombardeo de barrios obreros, la utilización de camiones con prisioneros como escudos humanos en el avance de las tropas, ejecuciones sumarias, el fusilamiento al azar de hombres mujeres y niños para desmoralizar a los rebeldes, la tortura y violación de mujeres como armas de guerra, etc., etc. Fue sin duda un anticipo de la bestialidad empleada por el “bando nacional” durante la Guerra Civil.

Meses después de los sucesos de Asturias uno de sus testigos, el general Eduardo López Ochoa, contaría al socialista Juan Simeón Vidarte lo siguiente:

“Una noche los legionarios se llevaron en una camioneta a veintisiete trabajadores, sacados de la cárcel de Sama. Sólo fusilaron a tres o cuatro porque, como resonaban los tiros en la montaña, pensaban que iban a salir guerrilleros de todos los parajes y ellos correrían gran peligro. Entonces procedieron más cruelmente, decapitaron o ahorcaron a los presos, y les cortaron los pies, manos, orejas, lenguas, ¡hasta los órganos genitales! A los pocos días, uno de mis oficiales, hombre de toda mi confianza, me comunicó que unos legionarios se paseaban luciendo orejas ensartadas en alambres, a manera de collar, que serían de las víctimas de Carbayín. Inmediatamente le mandé que detuviera y fusilase a aquellos legionarios, y él lo hizo así. Éste fue el motivo de mi altercado con Yagüe. Le ordené, además, que sacara a sus hombres de la cuenca minera y los concentrase en Oviedo, bajo mi vigilancia, y le hice responsable de cualquier crimen que pudiera ocurrir. Para juzgar a los rebeldes estaban los tribunales de justicia. También me llegaron las hazañas de los Regulares del tambor de Ceuta: violaciones, asesinatos, saqueos. Mandé fusilar a seis moros. Tuve problemas, el Ministro de la Guerra me pidió explicaciones, muy exaltado: ‘¿Cómo se atreve usted a mandar a fusilar a nadie sin la formación de un Consejo de Guerra?’ Yo le contesté: ‘Los he sometido al mismo Consejo al que ellos sometieron a sus víctimas’.”

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Acerca de orestesenrique

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. El tema que luego devino en mi tesis doctoral, predicción de elecciones presidenciales, fue concebido, nació, se experimentó y arrojó sus primeros resultados, justo, en este blog...
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