España, un largo camino a la democracia (VII)*


1936.2Mario Rodríguez Pantoja

Colaboración especial

Mientras avanzaba el desmontaje radical-cedista de las 1170825_570809706298373_219913960_nreformas del primer bienio, un cisma encabezado por Diego Martínez Barrio sumado al escándalo del “estraperlo” -que salpicó al propio Lerroux- minaban definitivamente la posibilidad de que el Partido Radical pudiese gobernar. La escisión en las filas de los radicales se produjo en mayo de 1934 y trajo como consecuencia la pérdida de 15 diputados. En esas condiciones Ricardo Samper, que por entonces presidía el Ejecutivo, tuvo que afrontar situaciones complicadas como la represión de la huelga general campesina de junio de ese año, un conflicto de competencias con la Generalitat de Cataluña y otro con los ayuntamientos vascos, que se oponían a la modificación unilateral de sus relaciones tributarias y financieras con el Estado (el llamado Concierto Económico). Hubo protestas de los patronos por lo que calificaban de debilidad del Gobierno ante los problemas de orden público, situación que la CEDA aprovechó para forzar la salida de Samper y su Gabinete al retirarles el respaldo parlamentario el 1º de octubre. A partir del día 4 de ese mes, en las siguientes recomposiciones del Ejecutivo el número de ministros de la CEDA iría en aumento hasta llegar a constituir mayoría entre mayo y diciembre de 1935.

La gran apuesta del partido de Gil Robles era liquidar la Constitución de 1931, pero sin descartar los procedimientos legales fijados por ésta. El artículo 125 de la misma establecía que cualquier reforma que se le hiciese con anterioridad al 9 de diciembre de 1935 requeriría el acuerdo de los dos tercios del Parlamento. Pasada esa fecha, bastaba con que las propuestas de modificación fueran respaldadas por mayoría absoluta en las Cortes. Y si los cambios prosperaban, debían convocarse a continuación elecciones generales.

El Partido Radical aspiraba también a modificar la Constitución. Para ello había presentado un anteproyecto de ley e impulsado una comisión parlamentaria encargada de elaborar una propuesta de reforma. Dicha comisión comenzó sus trabajos en octubre del 35, justo en el mes en que llegaba a conocimiento de la Cámara el escándalo del “estraperlo”, trama de corrupción que afectaba a numerosos e importante políticos radicales y que obligó a dimitir a los ministros lerrouxistas. En estas condiciones Alcalá-Zamora no encomendó formar gobierno al líder del partido mayoritario, sino al ex monárquico Joaquín Chapaprieta.

Bloqueado por la CEDA, Chapaprieta dimite al poco tiempo de nombrado, casualmente el 9 de diciembre del año 35. Negando una vez más el mando del Ejecutivo a Gil Robles, Alcalá-Zamora insiste en probar con un segundo gobierno “técnico” o “apolítico” llamando a Manuel Portela Valladares -otro ex monárquico cercano a los lerrouxistas- a que ocupe la presidencia del Gabinete y designe ministros. Pero ante la imposibilidad de que Portela Valladares pudiera gobernar sin el apoyo de los principales partidos, el presidente de la República firma el decreto de disolución de las Cortes el 7 de enero de 1936, estimulando con ello otro nuevo intento de golpe militar. El entonces subsecretario del ministro de la Guerra, general Joaquín Fanjul, manifestó a su superior José María Gil Robles su disposición de sacar las tropas a la calle y ascenderlo al poder. Pero según el líder de la CEDA, Francisco Franco, que era entonces jefe del Estado Mayor los convenció a ambos de que aún no era el momento de dar el golpe. Fue el Gobierno de Portela Valladares, pues, el encargado de organizar las elecciones generales a celebrarse el 16 de febrero de 1936.

Entre los grupos que apostaban por el derribo violento de la República, los alfonsinos y algunos miembros del carlismo concurrieron a las urnas con la plataforma Bloque Nacional, comandada por José Calvo Sotelo, mientras los fascistas de José Antonio Primo de Rivera lo hacían con el partido Falange Española de Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de JONS). La CEDA, por su parte, llegó a establecer pactos con republicanos conservadores, monárquicos y fascistas en algunos sitios. En Barcelona, por ejemplo, se integró en el Front Català d’Ordre con los partidos carlista y alfonsino, la Lliga Catalana y los lerrouxistas, en un intento por derrotar al Front d’Esquerres, que era la forma que adoptó en Cataluña el Frente Popular o coalición en que se agruparon comunistas, socialistas y republicanos de izquierda por todo el país.

Durante 1934 los republicanos de izquierda de ámbito estatal se habían reestructurado nuevamente, dando origen a dos importantes partidos: Izquierda Republicana bajo la jefatura de Manuel Azaña, y Unión Republicana dirigida por Diego Martínez Barrio. Ambas organizaciones manifestaron desde el principio su disposición a pactar con los partidos democráticos vinculados a la clase obrera.

Vale destacar que los agitados años de contrarreforma radical-cedistas más los cambios políticos en Europa por el auge del fascismo alemán, habían determinado una creciente influencia del estalinista PCE en la vida política española y en particular sobre el PSOE, hasta el punto de que ambos partidos llegaron a fusionar sus organizaciones juveniles, la UGT a absorber los sindicatos comunistas y, en Cataluña, a terminar uniéndose socialistas y comunistas en el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya). Otra prueba de la importancia que iba adquiriendo el PCE era el que tanto demócratas como socialistas aceptasen la tesis moscovita sobre la necesidad de una alianza “antifascista” de estas dos fuerzas y el PCE, y que ésta se materializara con la creación del Frente Popular. Moscú había enviado a uno de sus agentes itinerantes, Jacques Duclos, a convencer a Largo Caballero de la necesidad de consolidar la “democracia burguesa”, y luego a su agente para España, Vittorio Codovila, a que urgiera al líder de PSOE a que fundiera su partido con el PCE.

1936

Un asunto que por su trascendencia no podía faltar dentro de la izquierda política española era el relativo a la autonomía de las diferentes regiones del Estado, que en el lenguaje de los comunistas se traducía como derecho de los pueblos a la autodeterminación. José Díaz, secretario general del PCE, llegó a hablar incluso del sometimiento de catalanes, vascos y gallegos al imperialismo español, pero curiosamente no mencionó la dominación colonial sobre parte de Marruecos, el derecho de los marroquíes a la soberanía, máxime cuando alejar el peligro de un golpe “fascista” pasaba por desactivar las fuerzas militares de ocupación que España mantenía en aquel país. Tampoco los partidos de Azaña y Martínez Barrio, ni el PSOE, mostraban preocupación por un tema de primerísima importancia para la preservación del régimen republicano.

El programa frentista era en realidad muy modesto; consistió en prometer una amplia amnistía para los delitos políticos cometidos con posterioridad a noviembre de 1933, abordar los problemas sociales del agro, devolver a sus puestos a empleados y trabajadores despedidos a causa de sus preferencias políticas, aumentar salarios, acometer reformas administrativas, restablecer el Estatuto de autonomía de Cataluña y poco más. El Frente Popular quedó definitivamente compuesto por Izquierda Republicana (IR), Unión Republicana (UR), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión General de Trabajadores (UGT), Juventudes Socialistas de España (JSE), Partido Comunista de España (PCE), Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) de Joaquín Maurín y Andreu Nin, y Partido Sindicalista (PS) de Ángel Pestaña.

El Frente Popular venció en las urnas gracias ante todo al voto de los trabajadores, incluso el de los anarquistas. El PSOE fue el partido con mayor número de diputados -un total de 99-, seguido por la CEDA con 88, e Izquierda Republicana con 87. En su conjunto la izquierda sumó 278 escaños, frente a los 124 de la derecha. Según lo pactado por los integrantes de la coalición, ni el PSOE ni el PCE tendrían participación en el Ejecutivo, que siempre estaría compuesto por parlamentarios de los grupos de Azaña y Martínez Barrio.

1936.1

El Gobierno de Portela Valladares debía traspasar el poder al Frente Popular un mes después de la victoria electoral de éste pero Alcalá-Zamora, violentando la Constitución, acortó al mínimo posible el tiempo establecido (el 19 de febrero Azaña y sus ministros tomaban posesión) por temor a un nuevo peligro de golpe militar. Gil Robles intentó que Portela Valladares declarara el estado de guerra y anulase los comicios, gestión ésta que contó con el apoyo de Calvo Sotelo y Francisco Franco. Este último trató de obtener de los generales Nicolás Molero -entonces ministro de la Guerra- y Sebastián Pozas -director de la Guardia Civil- apoyo a una intervención del Ejército pero no logró convencerlos. Sin embargo el Gobierno no intentó siquiera arrestar a unos conspiradores que habían actuado a cara descubierta. Cuenta Abel Paz que el general Franco se presentó voluntariamente el día 19 en los despachos del Ministerio de Gobernación con el propósito de que se redujera la severidad del castigo que esperaba por sus actos, pero que el ministro Amós Salvador no sólo lo dejo en libertad, sino que lo nombró jefe militar de Islas Canarias. Otro de los complotados, Manuel Goded, fue enviado de jefe a las Baleares, donde Mussolini había instalado la sede de sus operaciones en España. Tomando estas medidas, el Gobierno de Azaña sólo hacía un refrito de las políticas seguidas por Gil Robles y Lerroux. El Frente Popular antifascista no empezaba por tanto con buen pie.

*Escrito para el blog Certezas de la Incertidumbre

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Acerca de orestesenrique

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. El tema que luego devino en mi tesis doctoral, predicción de elecciones presidenciales, fue concebido, nació, se experimentó y arrojó sus primeros resultados, justo, en este blog...
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