“Rescatando la independencia judicial”


SCJ México

Por  Daniel Sebastián Vizcaíno Vargas*

Colaboración especial

 

El pasado 12 de marzo de 2019, el Pleno del Senado de la República aprobó, en segunda votación, a Yasmín Esquivel Mossa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto sucedió después de que ninguna de las tres candidatas que envió el Ejecutivo alcanzara los votos necesarios para ser nombradas. La polémica, sin embargo, se desató por el posible conflicto de intereses y el peligro de poner en duda la independencia judicial que supone la elección de una ministra tan cercana al presidente. Esquivel ha llamado la atención no solo por sus posturas regresivas en materia de derechos humanos, sino también por sus presuntos nexos partidistas y su matrimonio con el empresario José María Rioboó, considerado uno de los contratistas y consultores favoritos de Andrés Manuel.

Ante este clima de complicidad presidencial, surge un debate importante en cuanto al nombramiento de los ministros de la SCJN. En esencia, no existen mecanismos constitucionales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico que puedan contrarrestar esta tendencia, pues al final del día es el mandatario de turno quien decide quién ocupará el cargo. El problema está en la misma ley que regula este proceso; pues, aunque el senado interviene con su votación, en caso de rechazar la terna, o no alcanzar el umbral mínimo de aprobación, la decisión pasa automáticamente a manos del Ejecutivo. Es claro entonces que nuestro sistema de selección de jueces está sujeto a consideración del órgano presidencial.

Ahora bien, en el derecho comparado, hay dos grandes sistemas de nombramiento de jueces: el sistema político a cargo del poder ejecutivo, del parlamento o de ambos y el sistema profesional a cargo de un consejo de la magistratura o de la judicatura, con rango constitucional y autónomo de los tres tradicionales poderes del Estado. Estas opciones amplían la discusión y permiten la apertura hacia procesos de selección más democráticos, profesionales y congruentes con la separación de poderes que tanto le urge a nuestro país. Para evidenciar las posibilidades de construir marcos institucionales de esta naturaleza, es útil remarcar algunas experiencias latinoamericanas:

  1. URUGUAY: los ministros son nombrados por la Asamblea General, mediante la aprobación de ⅔ partes del pleno. Si pasados 90 días de la publicación de la vacante no hay sucesor, queda designado el ministro de los Tribunales de Apelaciones con más antigüedad en el cargo; y si hay empate en esta antigüedad, se decidirá por antigüedad en la carrera judicial en la judicatura.
  2. CHILE: La Corte presenta una quina (5 candidatos) al presidente para que el escoja a uno que deberá comparecer y ser aprobado por el Senado -mediante el voto a favor de ⅔ partes.
  3. PERÚ: Cooptación a través de la Junta Nacional de Justicia.

 

Si apuntamos a adoptar un sistema como el uruguayo o el chileno -que incluyen en el proceso de selección al legislativo y/o al ejecutivo-, saltarán dos escenarios posibles: Primero, por la mayoría parlamentaria que ha alcanzado el partido en el poder, se vuelve improbable que la decisión no siga estando en sus manos. Más aún si conocemos la praxis política que ha venido manejando MORENA, donde ninguna decisión se escapa de ser consultada con el líder del partido, y que para colmo hoy es presidente. No se ve por tanto una posibilidad de real de que el parlamento escoja a un candidato que pueda ser independiente al presidente. Segundo, se trataría de una malinterpretación de la naturaleza del poder judicial en términos estrictos. Esto es: los órganos judiciales no son representativos. Por tanto, someter el nombramiento de sus miembros a consideración de autoridades que sí fueron elegidos mediante el voto popular y que ejercen una suerte de labor representativa, sería no entender el origen del poder judicial y su distinción con los demás poderes.

Pero si, por el otro lado, apostamos por mecanismos de captación dentro de la misma SCJN -como en el Perú-, estaríamos frente a un reconocimiento institucional de la independencia judicial; así como daríamos paso a consolidar un proceso de selección colegiado, autónomo, profesional y, esencialmente, especializado en la impartición de justicia. La independencia judicial es, sin duda, un pilar fundamental de las democracias modernas. Frente a las debacles políticas, el Judicial se presenta como el último defensor de la Constitución, y aún más: se trata del último que puede asegurar la supervivencia del Estado si los otros poderes fallan o se vuelven tiranos.

  • Es alumno de la Licenciatura en Gestión Pública del Iteso
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Acerca de orestesenrique

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. El tema que luego devino en mi tesis doctoral, predicción de elecciones presidenciales, fue concebido, nació, se experimentó y arrojó sus primeros resultados, justo, en este blog...
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