¿Quién va a Ganar la Elección de 2018 en México? “La evaporación del voto útil y la solidificación del voto de castigo”


adversarios

Intento  entender las razones que me impidieron hasta ahora  concretar por escrito un pronóstico de las elecciones presidenciales en México.

Debo hacer primero ese ejercicio de exorcismo, imaginando que una vez concluido fluirá el argumento.

Las causas son varias:

Primero: Parece que no es lo mismo intentar leer los procesos electorales cuando ocurren a distancia, en Chile o Argentina, por ejemplo, que estando  inmerso en ellos. Sorpresivamente, la última modalidad se me ha hecho más difícil.

Segundo: En este caso me cuesta mucho más el equilibrio, por una inclinación decidida hacia uno de los candidatos. Me afectan los  sucesos que ponen sus aspiraciones en riesgo y hasta me he sorprendido a mi mismo haciendo política, algo de lo que me había desprendido voluntariamente desde mucho antes de partir de La Habana.

Tercero: En México estamos ante una elección presidencial en cierto modo atípica debido a que el candidato del partido de gobierno no tiene posibilidades de ganar la elección o de quedar en segundo lugar. Para que se tenga una idea, de todas las elecciones presidenciales celebradas en quince países latinoamericanos de hace cuatro años a la fecha, el oficialismo sólo no ha sido protagonista en Perú, 2016 y en Guatemala, 2015. A lo que voy  es que, ese hecho cambia la dinámica de la competencia y también del comportamiento electoral. En esa situación  el pronóstico ya no versa sobre las posibilidades del partido gubernamental y la de  su principal contrincante, como ocurrió, por ejemplo, en Chile 2017, sino que trata sobre las probabilidades de al menos dos fuerzas políticas no oficialistas que tienen chance de imponerse y sobre las que no pesa directamente el lastre del desempeño o gestión de turno. En esas condiciones la elaboración del pronóstico se complica.

Cuarto: Por elecciones anteriores, me acostumbré a elaborar el pronóstico hasta un día antes del desenlace, pero eso no impide que lo intente de otra manera, es decir, una serie de aproximaciones preliminares y periódicas (semanales) que pueden marcar ruta hasta el análisis final.

En un artículo que presenté en el ya lejano Coloquio de Octubre de 2017 en la Centro Universitario de Ciencias Sociales  de la Universidad de Guadalajara, “Pautas y Plasticidad. La elección presidencial mexicana de 2018”, defendí que el partido de gobierno en México tenía escasas probabilidades de imponerse en la elección presidencial de 2018.

Cuando argumenté ese punto, hacia muy poco tiempo que el PRI  había logrado retener la gubernatura del importante estado de México, así que mi visión fue acogida con un escepticismo general, pese a que expuse ante un auditorio predominantemente anti priista.

Aunque la responsabilidad final por el  eventual fracaso del PRI en la elección presidencial de 2018 seguramente la endosarán a  la campaña de José Antonio Meadde,  en realidad su contribución al descarte del oficialismo es muy pequeña.  La causa principal de la debacle del partido de gobierno radica en su desastroso desempeño reflejado en los niveles de aprobación del presidente Peña Nieto en el importante año preelectoral de 2017 en que promedió cerca del 20%.  Cualquiera otro candidato que hubiera representado al partido de gobierno correría igual o peor suerte. Luego de revisar más de sesenta procesos electorales  en América Latina registro que cuando el partido de gobierno exhibe semejante desempeño las probabilidades de retener el poder son cercanas al 10%.

¿Pero, por qué no ocurrió así en el estado de México y el PRI pudo conservar el poder?

Las razones principales son tres: 1) En el estado de México, a diferencia de en la elección federal, el PRI es todavía un partido hegemónico, y eso quiere decir no sólo que  sus redes clientelares son menos porosas sino que sus posibilidades de jugar sucio son incalculables por el control que ejerce sobre todos los contrapesos institucionales; 2) La elección en el estado de México coincidió con sólo dos elecciones a gobernador en otros dos estados, por lo que el gobierno federal puedo concentrar allí un número gigantesco de recursos de todo tipo, algo que le resultaría muy difícil repetir para el caso de una elección como la presidencial que se decide al mismo tiempo en diferentes puntos del país; 3) Las fuerzas políticas rivales al PRI en el estado de México presentaron batalla de forma prácticamente individual, mientras que  el partido hegemónico, vaya paradoja, acudía a la cita electoral escudado en una coalición.

En aquel artículo, por cierto, escrito en julio de 2017 y  publicado en las memorias del evento, hacía referencia también a que las casi nulas probabilidades de victoria del PRI serían muy difícil de contrarrestar intentando sobredimensionar la percepción de que la fuerza política opositora con  posibilidades de ganar la elección constituía un peligro para México. Ello se debe no sólo a que la consigna ya fue empleada en los comicios de 2006, tampoco a que de 2006 a 2018 los mexicanos tuvieron la oportunidad de comprobar realmente quienes representan un peligro para la institucionalidad, sino también a que ese artificio no funcionaría de ninguna manera, por ejemplo, contra una coalición de partidos como la conformada por el PAN, PRD y MC. Por tanto, era de esperar que el desenlace electoral de 2018 llevaría a una fuerza política no oficialista al poder. En resumen, defendí que el PRI no podía ganar la contienda, pero francamente desconocía entonces cuál de las otras dos fuerzas contendientes, Morena o el Frente podría en definitiva resultar vencedora.

Los que han tenido la paciencia de leerme en los últimos cinco años conocen que mis pronósticos no se afincan en resultado de encuestas de intención de voto, justamente porque en demasiadas ocasiones los sondeos terminan decepcionando a los votantes, sino en análisis del comportamiento de ciertas variables. Pero el problema que ha planteado la predicción de esta elección es identificar qué variables son las decisivas cuando el partido de gobierno no tiene posibilidades. Y la famosa luz al final del túnel, al menos para mí, tardó en brillar.

Teniendo en mente ejemplificar apunto que, el estado de la economía y la popularidad del presidente, constituyen variables claves para elaborar el pronóstico de cualquier elección, pero ojo, siempre que en esa elección el oficialismo sea protagonista. Si no lo es, esas variables aportan muy poco o casi nada. Entonces,  el comportamiento de cuáles  variables son las que hay que enfocar para intentar saber quién va a ganar en julio. Esa es la cuestión.

Emergen varias: la responsabilidad directa o indirecta con la situación general del país por haber gobernado o cogobernado con anterioridad, el desempeño en responsabilidades públicas o privadas de los candidatos presidenciales del Frente y de “Junto haremos historia”, la estructura partidaria con que cuentan, la naturaleza y repercusiones de los escándalos en que están involucrados los aspirantes, los eventos que irrumpen en la campaña y que contradicen el discurso de los mismos  y la pérdida o ganancia de poder político territorial que exhiben en elecciones preferiblemente recientes, digamos de 2015 a la fecha. Parece prometedora esa ruta analítica, pero ciertamente aún no la recorro a conciencia.

En cambio, me referiré a otras dos vías de análisis que sí seguí: 1) ¿a quién no favorecieron los múltiples esfuerzos del partido de gobierno por ser protagonista en la elección de 2018 en México?; 2) ¿cuál es la lógica que rigió la competencia electoral en los dos países donde el notorio mal desempeño del partido de gobierno desactivó sus posibilidades no sólo de retener el poder sino de ser fuerza protagonista en la campaña electoral, Perú, 2016 y Guatemala, 2015?

La realidad es que hasta hace muy pocos días, la visión del partido de gobierno en México era colocar por cualquier medio a su candidato en segundo lugar en intención de voto para luego pedir el voto útil en contra de un eventual triunfo de “Juntos haremos historia”. Quiere decir, que el núcleo dirigente del partido del gobierno, a pesar de todo, continuaba fantaseando  con las posibilidades de ganar.

Eso lo llevó a concentrar su arsenal en el candidato del Frente por México al que, como reconoció el propio coordinador de campaña de esa coalición, Jorge Castañeda, no hay forma de que si el gobierno emplea todas sus agencias incluida el ministerio público para afectar tu campaña, no logre, cuando menos, detener tu crecimiento. Por otra parte, el candidato del frente, siempre mantuvo, por entonces, un tono de confrontación con el partido de gobierno y especialmente con el presidente de la República, a quien amenazó incluso con llevarlo a la cárcel en caso de que su fuerza política ganara la presidencia.

Como resultado de esa “guerrita”  de prácticamente dos meses la imagen del candidato Anaya resultó afectada, sin olvidar, por un segundo, que ya arrastraba un grupo no despreciable de negativos asociados con la forma inescrupulosa en que se hizo del control del PAN, el modo en que a su vez se agenció de la candidatura presidencial del partido, y además el largo proceso de  desdibujamiento ininterrumpido de esa organización a nivel estatal y nacional que viene desde el remoto 2009 y que también afecta a uno de sus principales aliados, el PRD.

La guerrita de marzo y abril de 2018, por el segundo lugar, con la apuesta de luego capitalizar un eventual voto útil ayudó adicionalmente a “Junto haremos historia”, coalición que de forma natural arrancaba como beneficiaria principal del pobre desempeño gubernamental debido a su condición de partido sin responsabilidades de gobierno no sólo durante el traumático mandato actual sino de todas las administraciones que se han sucedido desde la llamada alternancia  a la fecha.

El establisment fue el primero en comprender que la continuidad de la guerrita  de marzo y abril de 2018 no tenía sentido. Entonces comenzó a hablarse de un frente común contra “Junto haremos historia”, el denominado TUCAMLO (todos unidos contra AMLO). Un momento de viraje fue cuando públicamente Anaya amagó con negociar con el presidente una posible aproximación. Pero el problema no es sencillo, por una parte tanto el PRI como Anaya quieren lo mismo, encabezar el TUCAMLO, por otra, esa unión no puede darse sin que haya reacciones desfavorables tanto hacia el interior de las estructuras del partido de gobierno como de la coalición que forman PAN-PRD y MC.

Es extremadamente complicado que en lapso de sólo seis meses el partido de gobierno después de haber llamado a sus fieles a votar por un candidato que no viene de la entrañas de la organización, como Meadde, luego le pida votar por el candidato presidencial del PAN y el PRD. Esos llamados no tienen resonancia. Es tiempo perdido.

Tampoco Anaya puede esperar aproximarse al partido de gobierno sin que desde MC reaccionen negativamente. Eso llevó al candidato del Frente a desdecirse al siguiente día de proponer un acercamiento con el presidente de la república a solicitud del establisment.

Al mismo tiempo hay un problema que  recién comienza   a vislumbrarse en medio de tantos llamados al voto útil: la realidad es no queda prácticamente voto útil al cual acudir pues al  partido de gobierno sólo lo sigue, en la actualidad su militancia más recia, los pretorianos del PRI, y esos no tienden con facilidad a cambiar de bando. Mientras que el apoyo  de la candidata independiente Margarita Zavala, ex militante del PAN, no solo es raquítico sino que pudiera tratarse con seguridad  de calderonistas duros que desprecian a Anaya por la forma en que dejó a la esposa del ex presidente fuera de la contienda por la candidatura presidencial de la organización panista.  

Por tanto, lo que está realmente en juego es el voto de un grupo variopinto que podría ser de  aproximadamente de un 20% que  aún no se ha expresado, o al menos no responde los cuestionarios de intención de voto.  En ese grupo hay de todo,  no votantes, tradicionales anuladores de boleta  e indecisos. Dada su composición es imposible que  pueda ser captado en su totalidad por la candidatura de Anaya. Y justo pareciera que un desempeño excepcional en lo que resta es lo que necesita el candidato del Frente para crecer exponencialmente e imponerse.

Queda, por último, explorar las experiencias de Perú y Guatemala que podrían arrojar pistas sobre la lógica de decisión de contiendas donde el oficialismo se encuentra “excluido” de la fiesta.

En Perú, la lógica de la contienda en su etapa decisiva en la que se enfrentaron dos fuerzas no gubernamentales, fue que una de ellas, el antifujimorismo se identificó como la alianza electoral menos perjudicial y pidió el voto útil que fluyó desde la izquierda hasta la derecha, la posición de Pedro Pablo Kucinsky.

El problema es que “Junto haremos historia” no es ni remotamente el fujimorismo, una fuerza que gobernó dictatorialmente cometiendo fechorías y desmanes inimaginables. A su vez el mismo Frente no puede presentarse como organización no gubernamental químicamente pura, debido a que el PAN desgobernó entre 2000 y 2012 y de conjunto con el PRD aprobaron las controvertidas reformas estructurales del sexenio que corre.

En realidad, la posibilidad del  voto útil  prácticamente se ha evaporado por efecto del desastroso desempeño del partido de gobierno, el antagonismo entre Anaya y Peña Nieto y entre Anaya y la marca Zavala-Calderón y la moderación,  a ratos incompleta, de López Obrador.

En Guatemala 2015, en cambio, la situación  fue más cercana a lo que actualmente se vive en México. Allí una vez que el oficialismo quedó descartado, la lógica que se impuso predominantemente en los votantes fue la de no respaldar a los partidos tradicionales, y sí a la fuerza política emergente, que encabezaba Jimmy Morales. Más que el voto útil, se impuso la lógica del voto de castigo a los responsables y corresponsables de la corrupción, la inseguridad, la pobreza y la impunidad.

En México no se habla de otra cosa que del voto útil cuando la  elección, sin embargo, parece más bien encaminada a ser  definida por el voto de castigo, castigo para las fuerzas políticas que desgobernaron dieciocho años, castigo para las mismas fuerzas políticas que aprobaron las reformas estructurales, castigo para los responsables y corresponsables de una violencia inédita y de una pobreza, una corrupción y una impunidad escandalosamente crecientes.

Es mucha verdad que faltan dos meses para el desenlace. Cosas importantes pueden estar todavía por suceder.  Pero  hasta ahora mientras el voto útil se evapora el voto castigo se solidifica jugando en favor de ya sabes quién…

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Mayo 4, de 2018

Tulum

   

 

 

 

 

 

 

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“Díaz Canel”


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Se concretó el traspaso. Miguel Díaz Canel es Presidente de la República de Cuba. También quedó develado, en parte, cómo se prevé sea la ruta sucesoria. Díaz Canel podría ser en 2021 o antes, si falleciera Raúl, además de presidente, secretario general del PCC. Durante siete años, 2021-2028 concentraría la plenitud de poder porque en 2028 tendría que ser electo un nuevo mandatario, debido a la cláusula que limita el mandato a diez años. Aunque, desde el  eventual cargo de secretario general, tendrá la oportunidad de decidir quién podría ser su sucesor en la presidencia y además contará con tres años, 2028-2031 para monitorearlo de cerca, como lo hacen con él en estos momentos. Esa es la idea. La vida casi siempre es otra cosa.

Ateniéndonos estrictamente a la idea,  lo que veremos en los próximos meses será el guión que Raúl concibió para que lo ejecutara Díaz Canel, quien no tiene margen de maniobra alguno. Eso no quiere decir que no veremos nada y que no habrán cambios. Pero no habría que confundir al verdadero agente. Si algunos cambios internos llegaran, y pienso, por ejemplo, en la unificación monetaria y, más exactamente, en todo lo que rompa de alguna manera la rutina y lentitud de la toma de decisiones en la isla, no hay que asociarlos con Díaz Canel, sino con Raúl.

A Díaz Canel, si alcanzamos a conocerlo no sería  hasta 2021 o hasta el momento que las circunstancias lo conduzcan a la jefatura del partido, si es que eso llegara a suceder, porque precisamente en los tres años que faltan para que esa situación hipotética ocurra, él tiene que continuar haciendo méritos para ganárselo. Y esos méritos no se consiguen siendo él mismo, sino lo que esperan su promotor o promotores que él sea.

Entonces si se trata de esperar algo no esperemos a partir de hoy  “indicios o mensajes” de Díaz Canel, sino de Raúl.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 19 de abril de 2018

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La Cuarta Reinvención de Lula: ¿perseguido o culpable?


lula

A Mario Rodríguez Pantoja

 

Abandoné a Argentina casi el mismo día en que la renuncia del presidente Fernando de la Rúa estremeció la región, pero el acontecimiento principal de mis primeros años en México curiosamente llegó también de Sudamérica, en 2003 Lula asumió la presidencia de Brasil.

El discurso de asunción fue trasmitido en vivo, así que una  mañana fría de enero escuché a Lula  declarar que su ambición más grande como presidente era terminar con el hambre en Brasil. Me conmovió su tono humilde y su compromiso, “ojalá y le vaya bien”, dije.

Pasaron cuatro años y Lula cumplió, pero también observé no sin sobresalto que,  hacia el final del  mandato, los principales colaboradores del ex líder sindical fueron juzgados y condenados por un escándalo que en Brasil denominaron  “mensalao”, una red de compra de votos en el Congreso dirigida por el propio partido de los trabajadores.

El entramado incluía a la mano derecha de Lula, el ministro de la presidencia José Dirceau, pero también al de Comunicación Luiz Guichiken, al de transporte Anderson Adauto  y  a una docena de diputados. Lo verdaderamente sorprendente era que el mismo presidente no estuviera involucrado, cuando la compra de los votos de los congresistas, en un sistema de representación altamente fragmentado y podrido era desde siempre, el instrumento clave con que contaban los mandatarios para sacar adelante las políticas. Pero así fue, Lula quedó exento de responder judicialmente por el “mensalao”. Corrían otros tiempos. Nunca creí que  fuera inocente, pero Brasil sí y eso es lo que en definitiva importa.

En el segundo mandato Lula elevó la apuesta,  sus políticas sociales sacaron de la pobreza a millones de brasileños y para satisfacción de casi todos, logró hacerlo sin afectar las jugosas ganancias de los más ricos, es decir, sin grandes virajes en la política económica neoliberal. De ahí y con ayuda de otras hechicerías, Lula se convirtió en ícono. Hasta el punto, que cuando un candidato de izquierda en cualquier rincón del continente aspiraba a la presidencia, la pregunta que se hacía establishment  llegó a ser la misma, ¿a quién se parece este candidato, a Lula o a Chávez? Parecerse al primero era una especie de visado más o menos seguro hacia el poder, sino pregúntenle al ex mandatario peruano, Ollanta Humalá, que no pudo vencer cuando declaró a Chávez su ídolo (2006) y cinco años después (2011), sí lo hizo cuando admitió que su modelo había cambiado y era Lula.

Sin embargo, la seducción general que ejercía Lula,  reconocida por el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando exclamó, “amo a ese hombre”,  se volvió a desdibujar ante mis ojos. Durante sus dos mandatos, Lula jamás mostró sensibilidad con la situación de los cubanos de a pie. Jamás se interesó, por ejemplo, por  la autonomía real de los sindicatos en Cuba, él que como  ex líder sindical es un amplísimo conocedor del tema. Su compromiso, igual que el de Dilma, siempre fue con el régimen. Ni una palabra de aliento para las personas obligadas a vivir desde hace más de cincuenta años sin voz y libertad y cuyos sentimientos íntimos más fuertes, lamentablemente, son la resignación y el  miedo. Hubo además un acto mezquino. Durante los juegos panamericanos de Brasil, dos boxeadores, Rigondeaux y Lara, abandonaron la delegación cubana con la intención de no regresar al país e intentar continuar su vida siendo protagonistas de la misma.  La policía de Lula se los entregó al régimen. Imperdonable.

La estrella de Lula comenzó a declinar en el segundo año de mandato de Dilma Rousseff, cuando la justicia comenzó agresivamente a investigarlo y al mismo tiempo él no pudo impedir que la mayoría calificada de los congresistas apoyaran con su voto la remoción de la mandataria.

Hasta ese instante Lula había sido capaz de persuadir siempre a sus interlocutores a base de una mezcla pocas veces vista de capacidad oratoria, empatía y   flexibilidad. Su gambeta era tan efectiva como la que había mostrado años antes aquel joven negro en las canchas de todo el  planeta. Definitivamente Lula era el “Pelé” de la política. Había convencido a las élites en el crucial 2002, cuando contendió por cuarta vez como candidato presidencial. Lo hizo también en 2006 cuando Brasil le creyó que no estaba involucrado en el mensalao y lo religió y lo volvió a hacer en 2010, y sobre todo, en  2014, cuando convenció  a los brasileños que lo mejor para el país era que Dilma estuviera al frente. Pero en 2016 ya no pudo. Algo había cambiado.  Se venía la noche.

¿Qué fue lo que cambió? Se podrá saber con más certeza más adelante, pero al menos cuatro factores  se entrelazaron para que el viento cambiara el rumbo y dejara de empujar la popa de la nave lulista. El primero es que Lula y Dilma, vaya paradoja, aprobaron las leyes que le dieron una completa independencia a la justicia brasileña, entre ellas, la llamada delación premiada. El segundo, que la economía brasileña dejó de crecer y entró en recesión cambiando el estado de ánimo de las élites y las nuevas clases medias. La tercera, que los avances sociales comenzaron a torpedear un status quo ancestralmente elitista y racista. La cuarta, que la corrupción en la filas del partido de gobierno y, en general, en las elites políticas era rampante.

El cambio de los vientos fue de tal magnitud que de pasearse aclamado por las principales capitales del mundo rememorando sus mejores gambetas, Lula fue a parar a la cárcel condenado por corrupción.

La pregunta es si el ex mandatario fue objeto de una persecución política o es sencillamente culpable.

En realidad, no existe una prueba firme del hecho por el que Lula es condenado.  En su contra hay básicamente dos hechos, una delación premiada y el hecho de que los Da Silva, nunca exigieron  la devolución del avance que dieron por un apartamento cuya propiedad se les achaca, ni tampoco aportaron el dinero que reclamó la constructora para completar el pago del nuevo costo del inmueble, una vez que una constructora anterior quebró. Es decir, todo el asunto está dentro de una zona completamente nebulosa. Pero, en medio de una relación gubernamental tan notoriamente relajada con la cosa pública como le fue inherente al Partido de los Trabajadores mientras gobernó y con un político acostumbrado a desdoblarse hasta más allá de lo imaginable, se puede creer que el departamento de tres pisos y doscientos cuarenta metros metros cuadrados de playa Guaruja en Sao Pablo no pertenece, en efecto, al patrimonio oculto de los Da Silva.

Ha llamado la atención la rapidez con que actuó la justicia contra Lula en un país donde los tiempos de la misma suelen ser excesivamente lentos. Precisamente, un político es víctima de persecución cuando los tiempos de acción en su contra del ministerio público y de la justicia superan notoriamente los tiempos que habitualmente suelen emplear esas entidades en la tramitación de sus casos.

Todo indica que los tiempos judiciales de la condena a Lula han estado determinados por los tiempos electorales y la eventualidad de que como candidato presidencial  pudiera ganar los comicios. Evidentemente en este juego ambos bandos cometen graves faltas.

Lula tuvo que comprometerse a ser un líder que no implicaba una amenaza para los intereses de las elites para poder llegar a ser presidente de su país. Fue su primera gran reinvención. Lula tuvo que aprender lo secretos del patronazgo  con  congresistas y gobernadores para que  sus políticas tuvieran luz verde. Segunda reinvención. Lula dejó la presidencia en manos de un sucesor apostando a pilotear el barco desde la sombras. Tercera reinvención. Ahora,  Lula en la soledad de su encierro y sin posibilidad de acceder a la tribuna tiene el reto de mantenerse en el centro de la vida política del país. Es la última reinvención que procesa. En ello le va la vida.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 17 de abril

  

 

 

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Los Trece Políticos Latinoamericanos Vivos más Influyentes.


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Contrario a la percepción más extendida, la influencia de los políticos no se mide por su capacidad de representar los intereses de sus votantes, ni tampoco por los niveles de popularidad que alcanzaron en determinados momentos. Es la suma total del tiempo en que  constituyeron  una amenaza para el engranaje del poder  o en la que directamente formaron parte decisiva del mismo, lo que permite hacernos una idea, más o menos precisa, del alcance  de su influencia.

Ofrecemos a continuación el ranking de los trece políticos vivos con más tiempo de influencia en la dinámica de la toma de las grandes decisiones dentro de sus países.

Para conformarlo un aspecto que puede  resultar controversial fue definir el momento aproximado en que algunos políticos de la lista se convirtieron en una amenaza para los tomadores de decisiones en sus respectivos países. En esos casos nos sirvió como referencia identificar hechos importantes en su ascenso hacia el poder, que reflejara que los que ostentaban las riendas comenzaran a perfilarlo como una amenaza al status quo. Así, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, quien ocupa el lugar onceno, elegimos el episodio de la decisión que tomó el presidente panista de entonces, Vicente Fox, de desaforarlo y juzgarlo (2005) para frenar su avance como virtual candidato favorito en las elecciones presidenciales de 2006 en México. En cambio, para el caso de Lula, tercero en la lista, fue tomada como referencia su papel clave como líder sindical en la huelga que conmocionó a la dictadura brasileña en 1980.

Mención especial corresponde al ex presidente uruguayo José Mujica, que si tomamos por referencia su participación en la fuga del penal de Punta Carretas en 1971 o cuando los militares lo retienen como rehén durante once años a partir de 1973 junto a otros líderes tupamaros, acumula entre 45 y 47 años de protagonismo político al mayor nivel.

La mayoría de los seleccionados conservan en mayor o menor grado su influencia hasta hoy, lo que facilita el cálculo de la duración de su ascendencia. Sin embargo, hay casos que desde hace años están en declive pronunciado o gradual. El ex mandatario argentino, Carlos Menem es un ejemplo del primer caso, mientras  el ex presidente costarricense, Oscar Arias, del segundo. El declive de Menem lo marcó su retirada “voluntaria” de la segunda vuelta presidencial en las elecciones de 2001 en Argentina, cuando quedó claro que prácticamente el 80% del electorado rechazaba su intención de contender por la presidencia. Por su parte, el gradual ocaso de Oscar Arias en la política costarricense lo asociamos con el fracaso del mandato de su  “delfín” y sucesora, la también ex mandataria Laura Chinchilla (2014).

Llamará la atención en esta lista, por lo menos esa fue mi propia experiencia, descubrir que es de origen centroamericano el político que ocupa el segundo lugar. Se trata del actual presidente de Nicaragua Daniel Ortega, que suma aproximadamente 44 años influyendo de manera decisiva en la política de su país. ¡Prácticamente, medio siglo!

Aunque Ortega formó parte del sandinismo desde finales de los años sesenta, elegimos 1974 como el que marca el inicio de su ascendente influencia, debido a que en ese año un comando guerrillero secuestró a importantes personalidades políticas nicaragüenses y exigió 8 millones de dólares, un avión con combustible suficiente para llegar a Cuba y la liberación de Daniel Ortega, preso en las cárceles del régimen de Somoza, a cambio de devolver con vida a los importantes rehenes. Ese hecho, sin dudas, puso a Ortega entre las figuras principales que significaban una amenaza para el régimen, asunto que quedó totalmente evidenciado cuando cinco años después, en 1979, aparece como integrante de la Junta de Reconstrucción Nacional Sandinista una vez removido el somocismo.

Llama la atención que de todos los políticos que aparecen en la relación sólo uno, Andrés M. López Obrador, no ha sido aún presidente. Todo apunta a que esa condición no la continuará manteniendo por mucho tiempo.

Por último, si este trabajo tiene alguna utilidad  más allá de satisfacer cierto aparente morbo o curiosidad  personal, es que contribuye a que reenfoquemos la historia política contemporánea de ciertos países latinoamericanos, aun en la denominada etapa de la democratización (más exacto sería <retoricarización>, véase “Cómo distinguir a un retócrata de un demócrata”, 2018, archivos),  como también la historia de una sucesión de influencias de ciertos liderazgos “duros”, algo que no se discute que caracterizó la etapa anterior de golpes de estado, regímenes militares y dictaduras “perfectas”, pero fenómeno que evidentemente sobrevivió mediante una sutil metamorfosis estrictamente visible en la medida que nos proponemos obtener un panorama regional.

Así, por ejemplo, la historia política del Perú de 1990 a la fecha sencillamente está asociada con un apellido: Fujimori, más allá de que por la presidencia del país desfilaran en ese orden, Alejandro Toledo, Alán García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucinsky y Martín Vizcarra. Ese también es el caso de la historia de Brasil, allí  Lula descolla, por mucho, como el político vivo de mayor ascendencia a pesar de su reciente reclusión en la cárcel. ¿De qué depende que este hecho no marque el ocaso de Lula? Responderé a ello en un próximo escrito: “La cuarta muerte de Lula: ¿perseguido o culpable?”

Sin más preámbulos, los trece políticos latinoamericanos vivos con mayor tiempo de duración en la política de sus respectivos países:

 

Nombre                          País           Período de influencia          No.   de  años

  1. J. Mujica                    Ur.                1971-2018                               47
  2. D. Ortega                   Nic.               1974-2018                              44
  3. l. Da Silva                  Bra.               1980-2018                              38
  4. C. Salinas                  Mex.              1982- 2018*                           36
  5. A. Fujimori               Per.                1990-2018                              28
  6. O.Arias                      CR.                 1986-2014                              28
  7. l. Fernández             RD                 1994-2018                               24
  8. E. Morales                Bol.                1997-2018                               21
  9. C. Fernández           Arg.                2001-2018                              17
  10. A. Uribe                    Col.                 2002-2018                              16
  11. A. López O.              Mex.               2005-2018                              13
  12. R. Correa                  Ec.                  2005-2018                              13
  13. C .Menem                Arg.                1989-2001                              12

 

Nota: (*) No sin intermitencias

 

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, abril 12, de 2018

 

 

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¿Es importante el anunciado traspaso de la presidencia en Cuba?


Cuba no cambia

 

Hasta hace apenas unas horas, como la mayoría de mis compatriotas, consideraba irrelevante el anunciado traspaso de la presidencia  que tendrá lugar próximamente en Cuba.

Todos sabemos que  el máximo órgano de decisión en un país que sigue un modelo de gestión de tipo soviético o si le gusta más, de ascendencia stalinista,  el verdadero núcleo del poder, descansa en el buró político del partido y, especialmente, en el secretario general de esa organización. Y allí, por el momento, el cuartito sigue igualito.

Por otra parte, la mayoría recuerda que muchos años atrás y por un tiempo relativamente largo (1959-1976), tuvimos un presidente de la república, el Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, y las decisiones grandes y también las  chiquitas, ni por asomo provenían de su despacho.

Sin embargo, como les decía, hace apenas unas horas cambié de opinión. El traspaso de la presidencia en Cuba es importante por lo siguiente:

Primero. Se trata de un ensayo general de lo que `puede suceder en el corto plazo en el buró político del partido. Si la dinámica del traspaso es evaluada favorablemente por su indudable precursor, tendrá menos reparos de extenderla a su vez a la propia dirección del partido, entendiendo que el proceso  no es voluntario sino forzoso,  resultado de la presión que ejercen los límites biológicos. Con 86 años, nadie puede asegurar cuanto tiempo le queda por vivir, a esa edad, cualquiera puede decir adiós en cualquier momento. Y con el líder muerto sin que resolviera el traspaso, “ciertos pequeños privilegios” corren riesgo mortal debido a que se elevan las probabilidades de confrontación fratricida en la cúpula.

Segundo. El traspaso se hace en un contexto de enorme desconfianza hacia las sucesiones. No sólo se trata del fantasma de Gorbachev, sino de que ha crecido la expectativa de que las sucesiones dentro de la “izquierda”, e incluso también en la derecha, resultan cada vez más fallidas gracias a la contribución del propio heredero.

En Brasil, Lula ha sido testigo de cómo su sucesora fue incapaz de llevar las riendas de una forma que impidiera que fueran barridos del poder y está a punto de entrar en la cárcel. En Ecuador, Rafael Correa, confió un mandato presidencial a su hombre de confianza y ex vicepresidente, Lenín Moreno, quien en muy corto tiempo se las arregló para que su ex jefe ya no pueda retornar al poder. En Bolivia, Evo Morales, no quiere saber nada de nombrar un sucesor, aunque ello conduzca a ignorar la voluntad popular expresada en una consulta en la que la mayoría de los bolivianos se pronunciaron a favor de no respaldar una nueva reelección presidencial.  Sólo Maduro no ha cortado el cordón umbilical que lo vincula a su albacea, pero a un precio que Chávez no imaginó y que jamás tuvo que pagar.

Tercero. La idea de que la presidencia se rote o traspase de forma regulada y sin traumas cada diez años en los regímenes de cuño stalinista proviene de la experiencia del partido comunista chino que comenzaron a aplicarla 25 años atrás. Sin embargo, resulta que los propios chinos ahora  la están abandonando. El líder Xi Jinping, se dispone a no respetar el límite que los tomadores de decisión en ese partido habían pactado. La razón es, que más allá de la probable ambición de poder de Xi, es el peor momento para que el Rey se enroque. La inestabilidad del tablero mundial es tan mayúscula que podrían acorralarlo en jaque permanente mientras se distrae en el trasladado de una casilla a la otra. 

Por tanto, el momento elegido para el anunciado traspaso es el peor. Ello demuestra, en primer lugar, que es forzozo, y en segundo, que las probabilidades de que algo así  fracase son más altas, teniendo en mente los objetivos del patrocinador o patrocinadores. Sin  embargo, no hay que subestimar jamás sesenta años de experiencia trabajando tras bambalinas y contracorriente.

Por último, aunque todos tenemos más o menos una idea de quién será el elegido, la verdad es que siempre puede haber y hay sorpresas cuando las cosas no se hacen de forma trasparente. La imagen del que finalmente resulte favorecido, una vez que se conozca, seguramente  nos dirá muchas cosas sobre de qué va realmente este traspaso.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 3 de marzo de 2018  

   

  

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Ley de Seguridad Interior y Paradojas del Derecho Constitucional


scj

La  aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México, así como los recursos en contra  presentados por diferentes actores políticos, es una provocación a reflexionar sobre  las paradojas del Derecho Constitucional.

La Suprema Corte de Justicia tendrá  la responsabilidad de pronunciarse sobre  si el texto de la Ley de Seguridad contradice o no las normas constitucionales. Sin esa notable función de control realizada por un órgano independiente, no es posible hablar seriamente de  la existencia de un estado constitucional. Sin embargo, en México, la Suprema Corte, si bien admite los recursos presentados en contra de leyes ordinarias aprobadas por mayorías parlamentarias, no procede de forma similar cuando se trata de reformas constitucionales, leyes de enorme calado que producen un doble efecto, cambian el status quo y enmiendan el texto constitucional.

Ello sucede a pesar de que la moderna doctrina jurídica argumenta  que cuando no se ejerce el control de las reformas constitucionales se alienta que los poderes constituidos (Ejecutivo y Legislativo) conviertan su facultad reformadora en potestad constituyente, cuando la última sólo corresponde directamente al pueblo o a la asamblea constituyente que el mismo elija.

Una segunda paradoja tiene que ver con otro debate doctrinal: ¿acaso  en una sociedad que se autodenomina democrática debe corresponder precisamente a un grupo selecto de jueces, no electos democráticamente, la suprema decisión de decidir qué es y qué no es constitucional? Dentro y fuera de México, se han propuesto y practicado diversas soluciones, pero ninguna resuelve íntegramente este problema.

Georges Tsebelis, creador de la teoría de los jugadores institucionales con veto, actores capaces de bloquear propuestas de cambios defendidas por otros agentes, considera que los jueces o magistrados no reúnen esa cualidad. Segú el autor, ello se explica debido a que los magistrados tienden a ser absorbidos por otros agentes con mayor poder. En caso de que, eventualmente, la decisión de los Ministros de la Suprema Corte de México pase por declarar inconstitucional la ley de Seguridad Interior,  abonaría a favor de la perspectiva de no desconocer a los magistrados también como jugadores institucionales con poder de veto, agentes con los que hay que sin duda contar en caso de intentarse cambiar el status quo. Aunque, justo es decir, ello no cambiaría la visión de Tsebelis, que considera que aunque algo así puede pasar y pasa esporádicamente en ciertas sociedades, resulta insuficiente para reconocer a los magistrados un poder de esa naturaleza.

La última de las paradojas tiene que ver con la decisión que adoptarán finalmente los Ministros. Aun en sistemas políticos donde no hay dudas con relación a la independencia del poder judicial, investigaciones académicas han concluido que los magistrados o jueces son también  actores estratégicos. Eso significa que toman sus decisiones  teniendo en cuenta también el estado de la  correlación de las fuerzas políticas. Ante un poder político concentrado, la independencia judicial no se manifiesta,  en cambio, mientras mayor es la fragmentación del poder político, y el ejemplo más claro es cuando la fuerza política que controla el poder ejecutivo no es la misma que lo hace en el legislativo, más factible es que los jueces actúen de forma independiente.

La situación en que la Suprema Corte evaluará la constitucionalidad de la ley de seguridad interior se caracteriza por el hecho de que en México  la “coalición ganadora”, hasta el momento, la integran, nada menos, que el poder ejecutivo, las mayorías legislativas de ambas cámaras federales y las fuerzas armadas. Pero el contexto puede cambiar notablemente cuando el domingo 1 de julio de 2018 se realicen las elecciones presidenciales y legislativas que pueden terminar afectando de forma importante el tamaño y la potencia a corto plazo de dicha “coalición”.

Por esa razón también, será muy interesante seguir cuál será el veredicto de los Ministros y, especialmente, qué momento elijen para darlo a conocer. ¿Antes o después de los comicios?

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 2 de marzo de 2018

 

 

 

 

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¿Cómo distinguir a un “retócrata” de un demócrata?


líder democrático

 

Si  usted vive en una sociedad a la que habitualmente suelen calificar de en transición a la democracia, o de inmersa en el proceso de democratización, quizás ya le preocupa la falta de articulación entre el quehacer de los líderes y las metas políticas declaradas.

Si ese es el caso, entonces le ayudará conocer algunos rasgos  de los grupos  en que suelen agruparse nuestros líderes políticos.

Los retócratas se caracterizan especialmente por discursar, mejor que nadie, en nombre de la democracia y la institucionalidad, de la que defienden, estrictamente, el método de elegir los líderes en comicios regulares, trasparentes y libres. 

Rara vez hacen extensiva esa visión hacia el interior de su propio partido y, mucho menos, son proclives a fomentar la participación popular en la toma de decisiones, mientras  para ellos, vale todo a la hora de ganar comicios.

Su carrera política es un proceso de acumulación exponencial  de capital y de movilidad social meteórica. La mayoría ingresa a la política sin un céntimo y al abandonarla están rodeados de una inexplicable fortuna personal y familiar. No necesariamente tienden a perpetuarse en el poder, ya que la legislación constitucional y la opinión pública se los impide. Tampoco, al menos a nivel nacional, aspiran a controlar hegemónicamente todos y cada uno de los contrapesos del poder (legislativo, corte suprema, medios) aunque se esfuerzan por restringirlos, conocedores de que el mandato de gobierno no alcanza para esos objetivos supremos y deben sacar máximo provecho al escaso tiempo. 

Son  ejemplarmente críticos del autoritarismo, el totalitarismo y el populismo, porque ese ejercicio es casi la única fuente que abona a su imagen de demócratas, pero en el fondo pueden llegar a sentir enorme admiración por personajes de otras latitudes que se las agenciaron para controlar todo el poder por largo tiempo, algo que a ellos les está vedado.

En resumen, no son realmente demócratas sino que lo fingen mediante el discurso, que junto a  la expoliación del presupuesto público convierten  en  modelo de negocios. De ahí su denominación de “retócratas”,  es decir,  los que viven de la retórica.

En cambio, los líderes demócratas no son un grupo homogéneo sino que se subdivide en dos campos, los egos demócratas y demócratas.

Los ego – demócratas no ven la lucha por el poder como una vía para crear o ampliar un patrimonio ilegítimo. Les interesa el poder como forma de concreción de un proyecto personal, en ese sentido, no necesariamente se oponen a la realización de internas y son capaces de respetar las normas durante los procesos electorales.

Aspiran a mejorar la vida de la sociedad que representan y pueden trabajar duro en esa dirección, pero hacen poco o casi nada por empoderar a aquellos sectores a los que dicen representar. Su mayor limitación es la forma de la toma de decisiones a las que no están dispuestos a incorporar a un número cada vez mayor de ciudadanos. Cuando en muy raras ocasiones acuden a  formas de democracia directa (consultas, referéndums o plebiscitos) es con el objetivo de empoderarse a sí mismos y no con la meta de ampliar los canales de participación a los que usualmente enfocan con resquemor.

Por último, los demócratas son en realidad  el grupo de líderes políticos más restringido, hasta el punto que en ciertos ecosistemas denominados  democráticos paradójicamente  pueden estar en estado embrionario o en franca extinción.

No están en política, principalmente, por constituir un patrimonio personal o familiar, legítimo o ilegítimo. De la lucha por el poder, les interesa, al igual que al ego-demócrata, la trascendencia personal y la mejora de la vida de la gente, pero  lo que los define  es que la conciben como una lucha por ampliar permanentemente los canales de participación de los que son regularmente excluidos de la toma de decisiones.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 1 de marzo 2018

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