Derecho y democracia. El caso de México


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No voy a insistir aquí sobre el estrecho vínculo entre derecho y democracia argumentado hasta el cansancio en decenas y hasta cientos de manuales y discursos, pero  sin ninguna duda, letra muerta y enterrada, además, sin los gastos de velorios.

México vive  un caso de absoluta desconexión entre ambos pilares cuyo resultado oscurece aún más el futuro a corto plazo del país.

¿Cómo es posible que la legislación electoral del país sea tan pobre que se constituya en el patrocinador principal  del escenario kafkiano que vivimos en estas precampañas presidenciales?

¿No es una  tragicomedia patética ver por todas partes a candidatos presidenciales que se comprometen a cambiar al país, pero que son incapaces de someterse a si  mismos a un proceso interno de elección dentro de su propia organización?

¿Cómo puede esperarse que dinamice la democracia precisamente alguien que no tuvo que competir en condiciones de equidad con nadie para llegar a ser, nada menos, que candidato presidencial?

El escenario, claro está, pudo evitarse con una buena legislación, un mejor control jurisdiccional de la misma y claro está, voluntad política, que encausara las precampañas hacia lo que realmente deben ser, embriones del proceso democrático, en lugar de circo, retórica y farsa, que a cambio terminan por ofrecer la imagen más realista del estado de la democracia en el país.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 8 de febrero de 2018

 

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Lecciones del referéndum ecuatoriano


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Hay dos razones controvertidas por las cuales el referéndum ecuatoriano del pasado 4 de febrero impactará a los países de la región.

La primera es que por esa vía fue posible eliminar la figura constitucional de la reelección indefinida, la formulación jurídica que apuntala la perpetuación en el poder de nuestros líderes más iluminados.

La segunda es que esa vía también sirvió para desmantelar decisiones legítimas  tomadas por la Asamblea Legislativa ecuatoriana anterior referidas al nombramiento de funcionarios claves dentro del sistema de contrapesos de un régimen democrático, el procurador general, el defensor del pueblo, etc.

Quiero decir, la consulta se utilizó  con alevosía para desembarazarse de funcionarios clave legítimamente electos por la anterior administración y tener la posibilidad de colocar en esos puestos a otros más dispuestos a colaborar con las visiones del mandatario de turno.

Es un proceder inconstitucional y nefasto. En lo adelante, ya no habrá que esperar a que concluya el mandato de los funcionarios  que no fueron electos en el mandato de turno, sino que se abre esta vía express “legitimada” tras una consulta popular.

No les quepan dudas que de ese proceder han tomado rápidamente nota todos aquellos aspirantes al poder en distintos países de la región que no quieren lidiar con los debidos contrapesos.

La gran hipocresía es que los que concibieron el plan y lo llevaron a feliz término son los demócratas que están salvando a Ecuador del régimen Rafael Correa.

Y no se trata de que el anterior mandatario no concentrara el poder, sino que unos y otros, correístas y anti correístas se hacen llamar demócratas mientras en realidad van desactivando premeditada y solapadamente los resortes de cualquier  juego político más o menos equilibrado.

Con ello no hacen más que rendir tributo al hecho de que el único sitio donde verdaderamente reina la democracia es en la retórica de los políticos.  Y eso es válido para un bando y otro y, claro está,  no sólo tiene lugar en Ecuador.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, febrero 8 de 2018

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La lección del reemplazo fallido del presidente peruano.


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Lo más relevante del juicio político al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017, fue la posibilidad de reemplazo extemporáneo del poder de un mandatario que no había sido abandonado por su partido, cuando hasta ahora defendimos que esa condición no sólo era indispensable sino causa explicativa fundamental de un fenómeno semejante. Dicho con otras palabras, la factibilidad de la remoción extemporánea de un mandatario se encuentra en el respaldo o no que encuentra en su partido y aliados una vez desencadenados los acontecimientos.

Aunque, finalmente, el reemplazo no se produjo, por una división interna del partido fujimorista, queda la certeza de que no sólo es importante evaluar en casos semejantes, el respaldo del partido y de sus aliados al mandatario sino la propia fortaleza de la organización partidista de la que proviene el presidente, entendiendo esta última, como el número de escaños legislativos que controla en el Congreso.

Un presidente cuyo respaldo partidario en el Congreso es incapaz de cubrir al menos 1/3 de los escaños del congreso puede ser sustituido sin que su propia organización necesariamente lo abandone, como es la situación actual de Kuczynski, cuyo partido apenas cuenta con 18 curules en una asamblea de 130 representantes.

Esa es la lección y no otra que dejó el intento fallido de remover al mandatario peruano.

Orestes E. Díaz Rodríguez

Tulum, 8 de febrero de 2017

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Sebastián Piñera gana y, lamentablemente, se cumple el pronóstico de “Certezas de la incertidumbre”


el retorno

Tal como anticipamos en tres análisis previos a la jornada electoral del 18 de diciembre en Chile (“El cambio de paradigma”, 17/11/2017; “¿Y si de todos modos Sebastián Piñera pierde?”, 23/11/2017; “¿A votar con la nariz tapada?”, 17, 12, 2017);  Sebastián Piñera gana la segunda vuelta electoral en Chile.

Es un ejemplo más de que hoy, desde cualquier punto del planeta, con la sensibilidad y metodología adecuada, se puede entender procesos que transcurren  a miles de kilómetros, meta por la que creamos este blog hace ya siete años (ver about me).

Toca el turno de enfocarnos en las elecciones presidenciales  de Colombia, Costa Rica y México.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum 18 de diciembre de 2017

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Lo que está en juego en la elección presidencial chilena del 17 de diciembre. ¿A votar con la nariz tapada?


Guillier le gana a Piñera en segunda vuelta, segun encuesta  Cerc-Mori.

 

Para la abrumadora mayoría lo que está en juego es si la centroderecha retorna al poder (Sebastián Piñera) y la centroizquierda (Bachelet-Guillier) termina por cederlo. Si algo así ocurriera, cuando menos, se congelaría el avance de las reformas sociales que promovieron los segundos y el énfasis lo tendría el mejoramiento de los indicadores de rendimiento macroeconómico, es decir, un Chile  económicamente más pujante pero que vuelve a aplazar el combate frontal contra la desigualdad. Crecimiento o mejoramiento del índice  Gini, esa es la cuestión.

Claro, en los medios y redes sociales, los términos del debate son más exagerados. Si ganara Piñera significa el retorno del neoliberalismo más salvaje, en cambio, sí venciera Guillier, estamos hablando de la eventual venezualización de Chile.

Afortunadamente, el Sebastián Piñera de hoy dista mucho de ser el Carlos Saúl Menem de 1990 y, Alejandro Guillier, se encuentra muy lejos de ser Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Por cierto, las circunstancias de la segunda década del siglo XXI tampoco son semejantes a la década de los 80 de la pasada centuria, cuando los países de la región realizaron traumáticamente el cambio del modelo de desarrollo basado en el estatismo, al modelo basado en la aspiración de vivir prácticamente sin estado.

Pero mi intención en este escrito es ir al trasfondo de lo que yo considero que realmente está en juego con la elección del próximo domingo 17 de diciembre de 2017 en Chile.

Según mis observaciones, las posibilidades de que la centroizquierda gane la elección son bajas, pese a lo que están publicando actualmente las encuestas referentes a un empate técnico y, a contrapelo, de la aritmética mediática, que insiste básicamente en el cálculo de que si el conjunto de los votantes de izquierda logran movilizarse el oficialismo logrará retener el poder.  

La centroderecha de Piñera es la fuerza favorita para imponerse. Ello se explica porque toda elección versa sobre el desempeño del gobierno (Downs, 1957) y el gobierno de la centroizquierda chilena (Bachelte) llegó al proceso electoral lastrada por una evaluación ciudadana del 23%, es decir, sumamente baja.

Para que se tenga una idea, de un total de aproximadamente 60 elecciones presidenciales en América Latina que he alcanzado a revisar de los años 90 a la fecha, sólo en un total de seis, el partido de gobierno pudo retener el poder partiendo de una aprobación presidencial baja. Esto significa que Guillier, el candidato de la centroizquierda, tiene un 10% de posibilidades de imponerse.

Hasta donde he indagado, la condición o condiciones que permitiría que Guillier remontara esa desventaja, en  Chile, en la actualidad, no se encuentran presente.

El problema que genera una baja calificación del desempeño gubernamental, es que no actúa como un incentivo para que otras fuerzas políticas, aun ideológicamente cercanas, apoyen de manera fluida una eventual continuidad. Aquellos actores y electores que no obstante logran superar esa desconexión, acudirían a las urnas con la “nariz tapada”.

dudas de la segunda vuelta en chile

Pero para que ese gesto casi antinatural sea masivo, como  necesitan Guillier y Bachelet, tiene que existir una compulsión muy fuerte que ayude a superar el bache. La amenaza de un posible retorno de Piñera, no parece cumplir esa condición. Otra gallo cantaría si el adversario de Guillier fuera José Antonio Kast, el rescatador de la memoria pinochetista sí sería el catalizador idóneo para lograr que la izquierda deje atrás todo escrúpulo y acuda a segunda vuelta más unida que los dedos dentro de un puño apretado.

La dinámica descrita retrata la situación actual de los apoyos a Guillier, el crucial Frente Amplio, en el período entre las dos vueltas, no pudo manifestarse unánimemente a favor de su candidatura, debido sencillamente a que el 20% de votantes que registró en la primera elección se movilizaron principalmente por su descontento con el gobierno de Bachelet y no es tarea fácil que en menos de un mes se les convoque a votar en contra de sus propias emociones y convicciones. Algunos ya avisaron que lo harán a regañadientes, pero la movilización, en ningún caso, podría ser la misma. ¡Justo lo que necesita el oficialismo!

Por otra parte, aunque en una escala aritmética menor, lo mismo ocurre con otro partido que históricamente formó parte de la coalición de centroizquierda, la democracia cristiana. Cierto núcleo de esa fuerza se resiste a apoyar a Guiller en segunda vuelta, pese a que sus líderes oficialmente le endosaron el voto.

Sin embargo, tengo que admitir que hay dos hechos “nuevos” que complican el razonamiento que he seguido hasta aquí.

El primero es que hace ocho años, en la elección presidencial de 2009, ocurrió una situación bastante similar que impidió la unidad de la izquierda facilitando el triunfo del adversario.

La conclusión que se hizo de aquellas circunstancias es correcta, pública y está suficientemente concientizada por sus protagonistas de entonces,  en buena parte, casi los mismos de hoy. Por tanto, existe la posibilidad real de que la izquierda manifieste un aprendizaje de esa negativa experiencia y se movilice para respaldar a Guillier. La eventual victoria del candidato oficialista estaría entonces atada a que se confirme o no en las urnas ese aprendizaje.

El inconveniente es que la fuerza política que tiene que manifestar que la dolorosa lección de 2009 resultó aprendida, Frente Amplio, no es la misma que se equivocó hace ocho años atrás, Partido Progresista, por lo que estamos hablando de un escarmiento por cabeza ajena y eso, aunque posible, siempre resulta más complicado.

El segundo hecho “nuevo” es que esta semana la encuestadora chilena Cadem anunció que la aprobación de la mandataria Michelle Bachelet registró un ascenso hasta el 40% de aprobación ciudadana (https://reportechile.net/2017/12/cadem-aprobacion-a-bachelet-llego-a-40-su-mejor-cifra-desde-2015/).

Se trata, a mi juicio, de un dato relevante, pues significaría que se ha producido en las  semanas que siguieron a la  conclusión de la primera vuelta, una reevaluación ciudadana del legado del gobierno de Bachelet, que lo lleva, prácticamente, a dígitos que le permitirían a Guillier, contender con posibilidades reales  por las continuidad, aunque no garantizarían el éxito.

Según mis observaciones, cuando la aprobación del mandatario saliente alcanza la calificación que anunció Cadem, cualquier desenlace puede tener lugar en la elección. La moneda estaría en el aire.  La balanza puede inclinarse a favor o en contra.

Lo que ocurre es que la encuestadora Cadem, es la misma, que al día siguiente de la elección en primera vuelta, tuvo que salir a pedir disculpas públicas, porque según aceptó su líder Roberto Izikson, la organización no supo interpretar correctamente la inclinación de los indecisos y sus cálculos de intención de voto quedaron muy desdibujados por los resultados de las urnas (http://www.latercera.com/noticia/mea-culpa-izikson-encuesta-cadem-no-supimos-interpretar-los-indecisos/). Entonces, ¿tenemos que creer que en tres semanas Cadem ya subsanó sus errores metodológicos?

He buscado el reporte de la encuestadora pública CES, la de mayor confiabilidad en Chile, para confirmar el crecimiento de la evaluación ciudadana de Bachelet, pero no existe aún  o al menos no lo encontré. Por lo tanto, mantengo mi postura de que el favorito de la elección de mañana es Sebastián Piñera, pues su eventual triunfo no depende ni de un aprendizaje por cabeza o experiencia  ajena, ni tampoco de los registro de una encuestadora que se mostró poco fiable hace tan solo tres semanas.

Por tanto, lo que según mi parecer está en juego en el trasfondo de la elección presidencial chilena es, si es posible en un lapsus de apenas cuatro semanas, que el partido de gobierno logre  aunar diferentes voluntades y sensibilidades en torno a un proyecto mal evaluado por los ciudadanos, sin que exista una amenaza o fuerza mayor que fuerce a los electores a acudir a votar con la nariz tapada.

PD: Por si esto importara a alguien, me encantaría que ganara Alejandro Guillier.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 16 de diciembre de 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

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Elección presidencial en México. “Desafíos y secuelas del aprendizaje”


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Para calcular hacia donde se inclinan las preferencias en una elección es  tan importante despejar  la pauta que la suele condicionar, como las adiciones y restas derivadas del aprendizaje que manifiestan los actores políticos.

Nuestra pauta  es que, rara vez, cuando el mandatario en funciones avanza hacia la campaña presidencial con una pobre evaluación de su desempeño (menor al 40%), el partido de gobierno consigue retener el poder.

Sin embargo, a través del aprendizaje y la inventiva, los actores políticos bien pueden hacer abortar la pauta. El aprendizaje y la inventiva son los máximos responsables de la plasticidad, que a decir de S. Genco, “es el reconocimiento de que habrá excepciones a cualquier generalización que podamos hacer acerca de los fenómenos que nos interesen”.

¿Pero, cómo  identificamos si la variable aprendizaje tendrá o no un rol protagónico en una elección?  El aprendizaje, de una u otra forma, siempre está presente en la conducta de los agentes, pero donde mejor podemos percibirlo y hasta “tocarlo” es cuando se producen cambios radicales en estrategia de una organización o partido. El aprendizaje, por tanto, es la capacidad de los actores políticos (candidatos y partidos) de cambiar consciente y radicalmente de estrategia, ante una situación con características generales muy cercanas a experiencias anteriores, en las que  la gestión de las circunstancias no arrojó los dividendos esperados.

En ese sentido, el hecho de que el partido revolucionario institucional de México (PRI)  apueste porque su candidato presidencial sea, por primera vez, una persona que no es militante del partido, es un reflejo más o menos directo de un aprendizaje. Los tomadores de decisiones del partido (presidente y su entorno) llegaron a la conclusión que era extremadamente riesgoso enfrentar la elección presidencial de 2018 con un candidato propio.  Las razones son obvias, por una parte, el candidato propio tendría mermada su capacidad de atraer el voto blando y a la vez “útil” de otros partidos cuyos candidatos no tuvieran posibilidades reales de ganar e incluso de parte de los independientes, y por otra,  el candidato propio remaría cargando directamente el lastre  del muy pobre desempeño gubernamental durante el sexenio.

Sin aprendizaje seguramente resulta imposible hacer abortar una pauta que juega en contra de las aspiraciones, pero, ¿basta el aprendizaje y la inventiva para imponerse? Esa es la pregunta que México se hace desde que el partido de gobierno “destapó” a su candidato “apartidista”.

Desde luego que no. Para que eso ocurra la nueva estrategia debe ser capaz en la práctica de sumar muchos más votos de los que se obtendrían de no haberla variado, y ese es, precisamente, el punto que en el caso de la estrategia priista no está claro.

La candidatura de José Antonio Meade tuvo una excelente acogida entre los empresarios y buena parte de los medios, algo que la elección de un candidato propio no hubiera aportado jamás, sin embargo, aún tiene que despejar   espinosas interrogantes:

1) ¿Qué garantía tiene Meade de que las bases del partido, lastimadas también por los resultados del sexenio y acostumbrada durante casi 90 años a apoyar a quienes tienen una larga trayectoria en el interior de sus filas, se movilicen activa y entusiastamente para respaldar a un elemento ajeno, cuyo único mérito reside en haber sido promovido por el segmento coyunturalmente dominante de una cúpula que no puede presumir logros?

2) ¿Cómo puede garantizar Meade, en caso de llegar a ser presidente, que actuará con autonomía de la cúpula partidaria que, por estricto cálculo, lo  impone como candidato presidencial y qué consecuencias tendría para la gobernabilidad del país en el hipotético caso de que lo intentara?

3) ¿Con qué potestad perseguirá los excesos de los gobernadores  y del gobierno federal priista cuyo mandato concluye, cuando su candidatura es la más diáfana expresión de un pacto con esos intereses?

4) ¿Cuál es la verdadera hechura de un hombre que ha servido por igual  a tirios y troyanos?

No sé qué puedas pensar, pero parece que en esta ocasión las secuelas del aprendizaje, quizás no a corto, pero sí a mediano y largo plazo,  deben favorecer  más la resta que la suma de votos hacia el candidato del partido revolucionario institucional abonando, paradójicamente, a la confirmación de la pauta.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, 30 de noviembre de 2017

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¿El parlamentarismo es superior al presidencialismo? “Sombras del paradigma”


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Me disculpo por desempolvar un debate que está por cumplir cuarenta años y que  seguramente hoy interesa a muy pocos. Será la primera y última vez que lo haga.  Además en los años 90 Giovanni Sartori y Scott Manwaring, cada uno trabajando por su lado, llegaron a las mismas conclusiones: 1) no es posible definir cuál de las dos formas de gobierno es mejor; 2) las diferencias de rendimiento observables  no tienen que ver con que un país decida tomar la vía parlamentaria o la presidencial sino con las condiciones contextuales existentes en cada nación.

No tengo problemas con eso, salvo que, en América Latina, jamás se ha hecho un análisis crítico  del parlamentarismo y, algo así, hace  mucha falta. Quizás porque ante los numerosos problemas de nuestras sociedades, que continúan siendo achacados en parte al presidencialismo, todavía muchos políticos y académicos de la región le brilla la mirada cuando se refieren a las supuestas bondades del sistema parlamentario y a lo aconsejable que resultaría un viraje en esa dirección. Mi opinión es que se trata de una patología, un vicio o enfermedad intelectual extensamente difundida a la que denomino síndrome del paradigma incorrecto, consistente en discursar sobre las virtudes de algo o alguien a quien no se han tomado la molestia de conocer a fondo. Sí, ya sé que usted lo conoce perfectamente… es que hablamos de una epidemia…

La crisis política actual que vive Alemania ha sido el detonante para dejar por escrito el esbozo de una crítica  del parlamentarismo que pueda servir de antídoto al vicio de colocar como máximo referente algo que en realidad no lo es. Seré breve, relacionaré varios puntos que considero controvertidos del parlamentarismo que sospechosamente han sido tratados con excesiva benevolencia tanto por la literatura sobre los sistemas políticos comparados como por la de la autodenominada “teoría de la democracia”. 

Todo el mundo conoce que en los países parlamentarios que constituyen monarquías constitucionales (Reino Unido, España, Japón, etc) el Jefe de Estado no es electo. Este importante déficit siempre es “compensado” en la literatura con el argumento de que el papel del monarca en esos regímenes es simbólico y jamás se involucra en las funciones ejecutivas. Sin embargo, tal aseveración es solo una leyenda o un mito, tanto en Reino Unido, como en España y Japón, la influencia política que ejerce el monarca tras bambalinas no se puede de ninguna manera subestimar y algunos autores lo han señalado. Se ha llegado a documentar que la familia real inglesa incluso interpela a los ministros y ninguna decisión importante en ciertas materias escapa a su escrutinio. Por otra parte, el hecho de que cualquier decisión importante aprobada por el Legislativo o el Ejecutivo tenga que ser avalada con la firma  del monarca, debe verse no como prueba del simbolismo de su poder sino  como exactamente lo contrario, un derecho real que por el  momento no se ejerce, pero que no siempre y en cualquier circunstancia tendría que ser así. Uno de los grandes aciertos de la teoría  es vendernos como superiores regímenes donde, nada menos, que el Jefe de Estado es un poderoso y activo remanente autoritario que “vela por las buenas  prácticas democráticas”.  El presidencialismo tiene otros problemas, pero no ese vicio de origen.

Por otra parte, en los países parlamentarios que constituyen repúblicas el Jefe de Estado es electo de manera indirecta por las cámaras legislativas. ¿Hay que preguntarse qué significa una elección indirecta en términos democráticos?  Un instrumento que, en el mejor de los casos, suplanta o elude la voluntad popular. Aquí también se dan variantes, en Alemania, por ejemplo, la figura del presidente es de muy bajo perfil, pero en Italia no es así y toma muchas decisiones importantes. La pregunta es, ¿con qué legitimidad puede tener tanto poder? Pero esa pregunta jamás se la formulan a los presidentes parlamentarios de corte italiano, al contrario, se dirige a los presidentes de países presidenciales que por alguna razón y constitucionalmente han sustituido al mandatario de turno ante una renuncia o remoción. ¿Quién no recuerda cómo se la formulaban a Eduardo Duhalde en medio de la crisis argentina de 2001? ¿Por qué la teoría democrática tiene un doble rasero? Uno para Latinoamérica y otro para Europa. ¿La teoría de la democracia sufre también de eurocentrismo? Me temo que sí.

Pasemos a otro punto. La división de poderes es uno de los principios fundamentales de la democracia, desde Montesquieu y los revolucionarios norteños se acepta que ninguna corporación o persona debe concentrar los poderes, no en balde se ha luchado tanto en los balances y contrapesos. Sin embargo, en los sistemas parlamentarios el poder ejecutivo-legislativo se comparte, se fusiona, es decir, la misma fuerza política que controla el ejecutivo como regla  controla a su vez el legislativo, claro está, salvo en los gobiernos en minoría. El problema es que cuando la misma fuerza controla el ejecutivo y el legislativo es muy difícil que no controle a su vez el poder judicial, pues la independencia de los magistrados depende mucho de que el poder político se encuentre fragmentado. Como demuestra la más moderna teoría sobre el poder judicial, los jueces son jugadores que actúan estratégicamente, eso quiere decir, que  rara vez están dispuestos a suicidarse, sino que para pronunciar sus sentencias generalmente miden el estado de la correlación de fuerzas con respecto al gobierno, por tanto si éste controla a su vez el ejecutivo y el legislativo, la actuación independiente de los magistrados tiende a anularse. Es muy raro que la literatura sobre la democracia rara vez se detenga a revisar de qué tipo de equilibrios hablamos en el parlamentarismo cuando se asemeja tanto a una concentración extraordinaria y enmascarada del poder.

Por último, en los sistemas parlamentarios, cuando el partido ganador de la elección no puede conformar una coalición mayoritaria, como es el caso de la democracia cristiana alemana en la actualidad o del partido popular en España, lo más común es que se necesita convocar nuevas elecciones legislativas en la que no existe ninguna garantía de que la situación problemática se resuelva. Entre tanto la función ejecutiva queda en un impasse porque el gobierno en funciones al no resultar investido no puede constitucionalmente tomar decisiones importantes, originándose un vacío de poder, que incluso llega a afectar el status del país en los organismos y foros internacionales en que participa, como ocurrió recientemente con España. ¿Qué pasaría en un país latinoamericano si el poder ejecutivo se diera el lujo de verse afectado por un impasse de esa magnitud que a veces suele extenderse a más de un año?

Bueno, aquí concluyo. Estoy más tranquilo. Pocas cosas me entusiasman más que proponer una terapia contra el síndrome del paradigma erróneo. Por favor, no elija a la ligera su paradigma, y si no lo puede hacer de manera responsable, es mejor no tener ninguno.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Tulum, noviembre 23 de 2017

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